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La Procuraduría Delegada para la Función Pública solicitó la suspensión y revisión de 8 contratos de infraestructura vial que ascienden a los $384 mil millones. Para el Ministerio Público, la licitación de estas vías cuentan con varias irregularidades en el proceso de adjudicación de las mismas.

La primera de las obras a la que la entidad le puso la lupa es la construcción del puente sobre el río Ariari en la vía que comunica a los municipios de El Castillo y San Luis de Cubarral, en el departamento del Meta. El precio de esta construcción es de $65.896 millones y su contratante es la Agencia de Infraestructura del Meta. Para la Procuraduría esta obra no puede seguir su curso debido a que existen observaciones que fueron desatendidas para su adjudicación.

Otro de los contratos que se encuentra en esta lista está ubicado en el departamento de Córdoba y pretende el mejoramiento de la vía entre los municipios de Ciénaga de Oro – Chima y Tuchín. Su valor asciende a los $102 mil millones de pesos y debe ser suspendida debido a que existen observaciones que no se han cumplido por parte de los ejecutores de la obra, y que llevaron a la revocatoria del proceso de licitación el pasado 15 de febrero.

Frente a la obra ejecutada en el departamento de Boyacá, la Procuraduría pidió su suspensión con el argumento de que existen observaciones desatendidas, específicamente en cuestión de diversidad de oferentes para la ejecución del proyecto. El objeto de la obra es la pavimentación de la vía Sutamarchán – La Punta del Llano que comunica con los municipios de Villa de Leyva y Santa Sofía. Este contrato se encuentra por un valor de $11.534 millones.

Otra de las millonarias obras a las que la Procuraduría tiene en la mira se encuentra en el departamento de Sucre, por un valor de $149.943 millones. El objetivo de este proyecto es el mejoramiento del pavimento asfáltico de la vía Las Tablitas – San Marcos, ubicada entre los municipios de El Roble, Caimito y San Marcos. El proceso de dicha licitación fue revocado el pasado 23 de febrero por varias irregularidades.

En total, las ocho obras de infraestructura vial tienen un valor total de $384.363.206.711 millones, los cuales estarían en riesgo de acuerdo con la Procuraduría. Por su parte, las alcaldías de estos municipios ya fueron notificadas acerca de las observaciones de la entidad y el procurador Fernando Carrillo ordenó la creación de un sistema de vigilancia junto con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, para hacer el seguimiento a todas las obras de infraestructura vial en el país.