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La Contraloría General de la República adelanta, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, dos procesos de responsabilidad fiscal por más de $385 mil millones contra la EPS Medimás.

Inicialmente, en julio de 2020, la Contraloría abrió un Proceso de Responsabilidad Fiscal a Medimás por cuantía de $ 150.844 millones, por presuntas irregularidades en la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Dentro de este primer proceso se investigan los más de $158 mil millones entregados en anticipos por la Entidad Promotora de Salud a Century Farma, hoy en Liquidación, así como el pago de servicios de salud de personas fallecidas. Igualmente, el pago de $2.981 millones por multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, todo estos con los recursos del SGSSS.

Adicionalmente, después de realizar una indagación preliminar, en mayo de 2021 se abrió un segundo proceso de responsabilidad por presuntas irregularidades en el manejo de $234.191 millones girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.

En este este segundo proceso de responsabilidad fiscal se investiga, además del pago irregular de facturas, los anticipos girados por la EPS a Estudios e Inversiones Médicas – Esimed S.A., los cuales a la fecha no han sido legalizados.

En el curso de los procesos han comparecido dos presidentes de Medimás EPS, vicepresidentes financieros, jurídicos y tesoreros, además de las empresas a las que se les giraron los anticipos.

Resultados de auditorías a Medimás

En las auditorías que realizó la CGR a Medimás (sobre las vigencias 2018-2019), se establecieron 12 hallazgos fiscales por $635.655 millones y 1 hallazgo penal relacionado con pagos de servicios médicos por usuarios fallecidos.

También se determinaron allí 33 hallazgos administrativos, 26 disciplinarios, 20 con otras incidencias y 5 hechos que dieron lugar a indagaciones preliminares.

El hallazgo penal fue trasladado a la Fiscalía, los disciplinarios a la Procuraduría y los de otra incidencia a entidades como ADRES, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades.

A su vez, los hallazgos fiscales fueron remitidos a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

El hallazgo fiscal de mayor cuantía (por $221.766 millones) corresponde al pago de anticipos. Le siguió uno por $137.786 millones, que corresponde a contratación celebrada con Estudios e Inversiones Médicas -Esimed S.A.

Gastos cuestionados

En cuanto a la auditoria que se realizó sobre la vigencia 2020, se produjeron 2 hallazgos fiscales por $2.668 millones, 8 de carácter disciplinario, 2 indagaciones preliminares y 2 con otras incidencias.

Aquí el mayor hallazgo fiscal fue de $2.578 millones, daño ocasionado con los gastos por concepto de honorarios relacionados con las asesorías jurídicas, financieras y gastos del Tribunal de Arbitramento, que fueron pagados de las cuentas bancarias de gastos administrativos cuando dichos pagos no tenían conexidad o relación de causalidad con los recursos del SGSSS

Los hallazgos disciplinarios se relacionan con embargos judiciales y cuentas por cobrar (casos de intereses moratorios), demora en los pagos de facturación e inconsistencias de los soportes, entre otros temas.