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Ante las irregularidades enunciadas por el informe final de la Contraloría Departamental conforme al estado financiero y de cuentas de la Universidad del Atlántico y la salida a la luz de un contrato de arrendamiento con la Universidad Autónoma del Caribe, la administración del recién designado rector Leyton Barrios anunció que pedirá una auditoría forense para detallar con claridad la situación del centro de estudios superiores.

Así lo informó tras recibir una comunicación firmada por el egresado Francisco Javier Echeverry, abogado que se especializa en derecho administrativo y electoral: “Ese documento nos llegó y lo estamos analizando. Ponen de presente una serie de inconsistencias que, de ser ciertas, son graves”, apuntó.

En su escrito, con copia a la actual rectoría, el abogado da una respuesta sobre los dichos del anterior rector de la universidad, Danilo Hernández, quien en un video publicado el pasado mes de octubre, en el marco de la campaña a la elección de rector, quiso corregir lo manifestado por la Contraloría.

Ante esto, Barrios señaló: “Llegaremos a revisar juiciosamente todos los procesos contractuales de los últimos años; porque realmente nos tiene preocupados el informe final de auditoría de la Contraloría Departamental, donde encontramos muchas inconsistencias que, de ser ciertas, el panorama financiero de la universidad no es el que nos han vendido en los últimos años”.

Por otro lado, Barrios manifestó en cuanto a lo firmado con la Universidad del Atlántico: “El contrato y las condiciones contractuales las vamos a revisar detenidamente con el equipo jurídico. De ser lesivo para la universidad, utilizaremos los mecanismos legales para restablecer las condiciones favorables a la universidad”.

Los hallazgos detectados

En primer término, el ente de control manifestó que la Universidad del Atlántico, en el 2024, presentó una situación de tesorería deficitaria de $438 mil millones, “lo que indica que a 31 de diciembre de 2024 no disponía de recursos para atender sus obligaciones inmediatas o de corto plazo”.

Adicional a eso, se lee en el documento que la Contraloría sostiene que la totalidad de incorrecciones alcanzaron los $39.873 millones, que corresponde al 4.22 % del total de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.

Ante esas aseveraciones, el abogado Echeverry López elevó un escrito para asegurar que las cifras en controversia ameritan una investigación: “No estamos hablando de un informe parcial, lo que se analizó es un informe final”, expreso.

Arriendo a la Uniautónoma

Otro de los aspectos que entrará a revisión dentro de la auditoría es un convenio firmado entre Hernández y Jorge Senior, rector de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC), para el arriendo de unas aulas.

Dicho contrato busca facilitar que estudiantes de la sede centro de la Uniatántico puedan seguir recibiendo sus clases en las instalaciones de la UAC mientras son remodeladas las propias.

El valor de dicho contrato estaría por el orden de los $832 millones para este 2025, dinero que necesita con urgencia la Uniautónoma, pero que llevaría a sus estudiantes a una encrucijada, pues los mandaría a clases virtuales a un mes de concluir el calendario académico, el próximo 28 de noviembre.

La representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la UAC, Nathalia Herrera, quien manifestó que a la fecha el rector Senior no les había informado de la firma de un contrato.

“No ha habido una comunicación oficial por parte de la universidad y no tenemos una información clara, y yo como representante al Consejo Superior no conocía este contrato del que se habla y mucho menos lo hemos votado o aprobado. Sí nos habían comentado que existía la posibilidad de hacer un convenio para proveerle a la Universidad del Atlántico algunos salones, pero que iban a ser salones del bloque I, que están cerrados desde hace tres años. De ninguna manera estamos de acuerdo con que exista la posibilidad de irnos a la virtualidad y afectar la calidad académica que los estudiantes estamos pagando en la matrícula presencial”, explicó.

En ese mismo sentido se manifestó Javier Manjarrés, representante de los egresados: “Eso lo llevaron al Consejo Superior. Pero ahí no se habló en ningún momento de que iban a mandar a los estudiantes a la virtualidad. Además eso es ilegal. ¿Sabe por qué es ilegal? Porque el contrato de matrícula dice que las clases son presenciales, así que no, eso no tiene fundamentos. La universidad necesita esos recursos, pero no estoy de acuerdo que a los estudiantes los saquen de sus salones. En la sesión del 14 de noviembre vamos a pedirle claridad al rector”.