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En medio de la imputación de cargos el pasado lunes en el Tribunal Superior de Bogotá contra los ex ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción de la Ungrd, la Fiscalía mencionó 79 contratos del Invías y la propia Ungrd -de los cuales solo siete se firmaron- que se habrían supuestamente dispuesto para asegurar decisiones favorables al gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso, sobre todo para las reformas pensional y a la salud y para la aprobación de créditos públicos para la Casa de Nariño. Algunos de estos procesos contractuales tenían lugar en la región Caribe.

La imputación, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, de los cuales ambos exfuncionarios se declararon inocentes, seguirá el 15 de diciembre con las intervenciones de los defensores, luego de que el ente acusador pidiera detención domiciliaria y señalara que los exministros “plantearon las líneas bases del modus operandi que en groso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno”.

El supuesto plan criminal, que se habría desarrollado entre mayo de 2023 y mediados de febrero de 2024, consistía en direccionar a favor de las comisiones primera, tercera, cuarta y séptima del Senado, y de la tercera y cuarta de la Cámara 74 proyectos de Invías por $571.701 millones; y cinco proyectos de la Ungrd por $40.536 millones.

Para el trámite de la pensional se habrían dispuesto entregas de contratos en Puerto Concordia, Meta, con una obra de protección para controlar la erosión del río Ariari, por $5.458 millones; en Aguazul, Casanare; en Mistrató, Risaralda; y otro por $2.125 millones en La Guajira, para maquinaria amarilla y mantenimiento de jagüeyes.