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“Estoy pidiendo a la Sala Electoral ahora, que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales”, dijo la fiscal Luisa Ortega ante la Sala Electeoral del Tribunal Supremo de Justicia, a donde llegó para presentar un recurso.

Ortega exigió anular todos los procedimientos relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro, presidente de la República y dijo que la ANC avanzó de manera irregular, violando la Constitución vigente y vulnerando derechos humanos fundamentales. Fustigó que tales decisiones no fueran publicadas en Gaceta Oficial para aclarar sus alcances jurídicos.

“El decreto presidencial no cumplió con los parámetros; las bases comiciales fueron inconstitucionales (…) presento estos recursos porque el CNE violó el derecho al sufragio”, agregó.

Ortega Díaz rechazó que el gobierno criminalice a quienes no están de acuerdo con la Constituyente. “Han dicho frases agresivas tildando a la gente como fascistas o terroristas y no podemos vivir así. La paz no la puede imponer un solo bando y este proceso lo están llamando con base a amenazas”.

Dias antes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible la solicitud de aclaratoria a la sentencia 378 que introdujo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz el pasado 1 de junio sobre la aprobación de la constituyente sin referéndum consultivo a la población.

“Nuestra Constitución establece la progresividad de derecho, bajo ninguna circunstancia pueden ser desmejorados, y nosotros aprobamos la CRBV en un proceso de participación y consulta de todo el pueblo venezolano a través de varios procesos de referendo, en consecuencia esos derechos no pueden ir hacia atrás porque ahora se pretende vulnerar la progresividad mediante un proceso constituyente en el que la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión, eso vulnera la progresividad de los derechos”, declaró en ese momento la Fiscal General.

En una ponencia conjunta, la Sala Constitucional consideró inadmisible la petición porque “no posee legitimidad”.

Cerco contra la fiscal

Mientras tanto, el portal Contrapunto revelaba una nueva medida en contra de Ortega por parte del chavismo. “Luego de ser objetivo de varias acusaciones por parte de voceros del chavismo, este 8 de junio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, volvió a recibir una medida en su contra, esta vez relacionada con un avión privado asignado al Ministerio Público”, denunció su abogado Abraham Mussa.