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A partir de la intervención se inició la revisión de los procesos internos de la empresa, dentro del cual se encuentra el de facturación. En desarrollo de lo anterior y teniendo en cuenta un fallo del Tribunal Administrativo de la Guajira, el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de Minas y Energía y análisis internos, el Agente Especial de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo y su equipo inició el ajuste de la metodología de aplicación del FOES, un subsidio adicional, del cual se favorecen comunidades de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales.

Es importante precisar que este subsidio adicional que otorga el gobierno nacional beneficia a 887.647 usuarios del servicio de energía en la región que viven en zonas de altos niveles de pobreza.

Luego del desarrollo de actividades previas se logró la parametrización de los sistemas informáticos y así a partir del primero de septiembre la empresa Electricaribe iniciará el proceso de devolución de los subsidios FOES, correspondientes al periodo de intervención, es decir del 15 de noviembre de 2016 al 31 de agosto de 2017, lo que corresponde a un alivio en su factura en promedio de aproximadamente 20.000 pesos por cliente, por única vez.

Esto implica que la empresa devolverá a sus clientes en las zonas especiales recursos por aproximadamente 20 mil millones de pesos. Cabe aclarar que a los usuarios se les hará una nota crédito a su favor en su factura, pues no recibirán recursos en efectivo, es decir se cruzarán los subsidios dejados de aplicar contra los consumos que se tengan a partir del mes de septiembre.

Mientras tanto, desde el mes de septiembre en adelante se aplicará el FOES conforme a la interpretación de la norma, lo que implicará un alivio del orden de los 3 mil pesos al mes, siempre y cuando el gobierno nacional desembolse los recursos.

Para el caso de los subsidios FOES aplicados antes del proceso de intervención, la empresa Electricaribe evalúa los mecanismos a implementar, teniendo en cuenta las investigaciones de la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como también los argumentos de defensa presentados por la anterior administración.