El Tribunal Administrativo del Atlántico negó la alcaldía de Barranquilla, la revisión de sentencia que se había proferido en segunda instancia para proteger los derechos de los habitantes del barrio Tayrona en el sur oriente de la ciudad.
En providencia del 21 de julio de 2017, recientemente notificado, este despacho judicial consideró que no se explicó o justificó cabalmente el argumento del Distrito de que no eran razonables los 30 días que se le habían concedido para pavimentar la carrera 7D entre calles 31 y 31 y la calle 31 entre carrera 6B y 8.
Según explicó Antonio Bohórquez “ya que, según la orden judicial, la pavimentación de estas vías debió producirse a más tardar el 31 de diciembre de 2016, y esto no ha ocurrido aún, la alcaldía debe iniciar de inmediato y culminar rápidamente. Ya no puede dilatar más”.
Adicionalmente Bohórquez informó que “debido a esto, el juzgado primero administrativo, a quien le toca controlar el cumplimiento de esta decisión, abrió el 11 de agosto un Incidente de Desacato y nos ha citado a todas las partes para el 31 de agosto desde las 10 de la mañana, para verificar que esas vías sean reparadas o construidas dentro de la mayor brevedad posible. Si prosigue el incumplimiento la ley obliga a imponer sanciones de arresto y multa, hasta que se dejen de violar los derechos colectivos de estas comunidades.”
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