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La Superintendencia de Industria y Comercio informó este jueves que decretó el embargo de 80 bienes inmuebles, 15 vehículos y 13 cuentas bancarias de varios miembros de la familia Quiroz Ruiz y otras personas vinculadas con la construcción irregular de 16 edificios en Cartagena que están en riesgo de desplome. El clan familiar se dedica a la construcción y está en la mira de las autoridades desde el 27 de abril del año pasado, cuando uno de sus edificios se vino abajo en el barrio Blas de Lezo. En el hecho murieron 21 personas.

Los bienes, ubicados en La Heroica, Valledupar, Villanueva, Turbaco y Arjona, fueron embargados para sacarlos del comercio y garantizar tener con qué reparar a los afectados por los Quiroz. Los habitantes de los 16 edificios (108 familias), en riesgo de colapso, tienen que evacuar sus viviendas luego de que la alcaldía declarar la calamidad pública.

El pasado 30 de enero, una jueza en Cartagena le dio la razón a la administración local y ordenó el desalojo de las edificaciones. Los propietarios tienen un mes para dejar sus apartamentos, y el distrito debe reubicarlos en las mismas condiciones socioeconómicas en las que viven actualmente.

El riesgo es inminente en los edificios Innova, Shalon, Villa Vanessa, Villa Ana, Portal de los Alpes, Calipso Tower, Brisas de los Alpes, Alpes 31, Brisas de la Castellana, Villa Mary, Tsalach, Villa May, Villa Naevia, Brisas de Blas de Lezo, Portal de los Caracoles y Portal de Lezo I.

“Contra las órdenes de embargo proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no procede ningún recurso”, reiteró hoy la entidad.

La semana pasada, las autoridades capturaron a cuatro miembros de la familia Quiroz fueron capturados en la capital de Bolívar. La Fiscalía dice que sus actividades hacen parte de una red de urbanización ilegal que ha afectado a más de 200 familias y estaría dedicada a falsificar licencias de construcción.

Con estas licencias “construían las edificaciones, para luego comercializarlas y posteriormente elevaban escrituras públicas y registraban los inmuebles”, explicó el ente acusador.

Serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, urbanización ilegal, obtención de documento público falso, uso de documento público falso y estafa en modalidad masa.