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Menos de 24 horas después de la captura de los hermanos Norberto Mora Urrea, Uriel Mora Urrea y Edna Mora Urrea –presuntos testaferros de las Farc que habrían lavado dinero haciéndose pasar como los dueños de la cadena de supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa– en la madrugada de este martes se registraron saqueos contra tales establecimientos en los municipios de Melgar, El Guamo y Saldaña (Tolima) y Girardot (Cundinamarca).

A través de redes sociales circulan fotografías y videos que evidencian vandalismo, asalto e incluso, intentos de incinerar los supermercados, que supuestamente estarían relacionados a los tres hermanos Mora Urrea. La Fiscalía indaga si ellos se habrían hecho pasar como los dueños de la cadena de supermercados para suplir de municiones a los extintos frentes de las Farc y para lavar dinero.

Por este motivo, el organismo investigativo les imputará cargos porlavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares y en las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías.

Precisamente, a través de Twitter, la cadena Supercundi lamentó los hechos y solicitó el acompañamiento de Policía y Ejército.

Además, la Fiscalía adoptó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre los supermercados, los cuales, según el ente investigador, “superarían los $627.000 millones. En total se afectaron con fines de extinción al derecho de dominio cinco sociedades, 60 establecimientos de comercio, 70 cuentas bancarias, 15 apartamentos,tres casas, siete locales comerciales y 27 vehículos”.

La relación de la familia con las Farc habría empezado hace años. De hecho, a partir de la recolección de testigos, el ente investigador aseguró que la madre de los hermanos, María Ana Bertilda Urrea de Mora, habría sido amiga de alias el Mono Jojoy.

El rápido crecimiento de los supermercados alertó a las autoridades inmediatamente y fue una de las claves para detectar los movimientos ilícitos, pues entre el año 2006 y el 2016 pasaron de tener $1.500 millones a $30.000 millones y además, los precios de los productos eran muy inferiores a los de los locales legales. “Un kilo de lulo era vendido a $1.900 pesos mientras que en el comercio legal se consigue a $4.000 pesos”, remató la Fiscalía.