Primero Noticias

La inédita decisión del Consejo de Estado, que castigó con pérdida de investidura el ausentismo de una congresista a pesar de que esta demostró que había respondido los llamados a lista en varias plenarias, representa un golpe de fondo a uno de los vicios más recurrentes en esa corporación: volarse de los debates parlamentarios apenas se contesta a lista de verificación de quorum.

El Consejo de Estado, en fallo de primera instancia, despojó de su investidura a la representante por ‘la U’ Luz Adriana Moreno –quien ya anunció que apelará la decisión– porque comprobó que la representante a la Cámara se ausentó en al menos seis plenarias en las que se votaron proyectos entre agosto y octubre de 2015, sin tener justificación válida.

Usualmente, la ausencia del parlamentario es comprobaba porque no se registró en la sesión. Esta vez, sin embargo, el Consejo de Estado recogió una posición ya marcada en un caso del año pasado –que no terminó en pérdida de investidura– según la cual la asistencia a un debate implica no solo el registro, sino la plena participación en este, especialmente en las votaciones. Esto significa que para el alto tribunal un congresista no solo debe registrarse en la sesión, sino demostrar que participó en ella y que votó los proyectos en el orden del día.

“La corporación consideró que el solo hecho de haber contestado a lista no prueba la asistencia de la congresista a las sesiones y encontró probado que después de registrar su asistencia no estuvo presente en las sesiones de la Cámara de Representantes los días 4, 11, 18 y 25 de agosto, y 15 de septiembre y 6 de octubre del 2015”, explicó el fallo del Consejo de Estado.

La congresista caldense aseguró que los legisladores tienen el derecho de votar o no votar los proyectos. “Nos aterra que el Consejo de Estado esté avanzando en cambiar esta potestad”, aseguró.

Consecuencias

La consecuencia jurídica de la pérdida de investidura es lo que se denomina la ‘muerte política’. De acuerdo con el constitucionalista Darío Martínez, la persona sancionada “no puede volver a ser elegida a ningún cargo de elección popular de por vida”.

Esto se traduce en que el congresista al que se le despoja de su investidura no puede aspirar a Congreso, asambleas departamentales, concejos municipales, gobernaciones, alcaldías ni Presidencia de la República. Este hecho provoca que la nueva posición del Consejo de Estado sobre la pérdida de investidura marque, sin duda, un giro en la aplicación de la sanción.

Antes de este fallo, muchos legisladores cumplían con registrarse en las sesiones y luego se ausentaban. Este hecho provocaba que en varias ocasiones el quorum se fuera reduciendo y las sesiones tuvieran que levantarse.

Ahora, con la nueva posición del Consejo de Estado –que se conoce a tres días de que se elija un nuevo Congreso– más de un legislador lo pensará antes de abandonar una sesión congresional.

La medida también contribuirá a depurar una práctica repetida en el Congreso y son los ‘cobros’ que algunos parlamentarios hacen a los gobiernos para votar los proyectos. Es costumbre que algunos legisladores se registran, se ausentan y se hacen buscar por el Gobierno para ‘valorizar’ sus votos.

Este hábito obligaba a que los gobiernos, en muchas ocasiones, tuvieran que ir en busca de los congresistas para persuadirlos de votar las iniciativas a cambio de recursos para sus regiones o cargos en entidades oficiales.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, afirmó que la nueva posición del Consejo de Estado es “un fuerte campanazo” en el sentido de que los congresistas “debemos cumplir con el deber, no solo de registrarnos, sino de asistir a las sesiones y votar”.

El representante por ‘la U’ Hernán Penagos afirmó que el fallo parece “invalidar la abstención como postura política”. Para el senador liberal Luis Fernando Duque, aunque la función del congresista “es estar en los debates de los proyectos”, también los legisladores “deben hacer gestiones que constitucionalmente se permiten” y ello implica ir “a ministerios y otras entidades”.

Desde el Centro Democrático, partido que se ausentó de varias votaciones de los proyectos de implementación del acuerdo de paz, el senador José Obdulio Gaviria celebró el fallo: “Una manera de participar es, disciplinadamente, retirar una bancada para protestar por el abuso del derecho que cometen los congresistas de los partidos mayoritarios”.

‘El que se registra, se va y no vota, hace trampa’: Claudia López

Bajo la misma premisa que se pidió la pérdida de investidura contra la representante a la Cámara Luz Adriana Moreno Marmolejo, el Consejo de Estado estudia una demanda contra la hasta esta semana senadora Claudia López.

En el documento radicado el 9 de noviembre pasado, y que se encuentra en etapa de recolección de pruebas, se sostiene que entre el 20 de julio del 2015 y el 16 de diciembre de ese mismo año, López habría inasistido en 16 oportunidades a plenarias donde se votaron proyectos o se decidieron mociones de censura. Así mismo, no se habría presentado en 10 sesiones entre el 20 de julio del 2016 y el 17 de mayo del 2017.

La de López, también presentada por el abogado del caso de Moreno, Johann Wolfgang Patiño, es una de las 13 demandas que cursan actualmente en el alto tribunal por pérdida de investidura; sin embargo, no todas las solicitudes están sustentadas en la inasistencia de los congresistas.

Frente al tema, la exsenadora, hoy fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, señaló que presentó una respuesta oportuna ante el Consejo de Estado luego de ser notificada del proceso.

“El caso de la representante, que según entiendo, dice el Consejo de Estado, que respondía a lista y se iba porque no aparecía votando ningún proyecto, no es el mío. Yo siempre he estado ahí en la plenaria; claro, uno sale y entra, pero no ha ocurrido un caso en que yo me registre y me vaya del todo del recinto”, dice López.

Agrega que está de acuerdo con que la Corte le ponga tatequieto a la conducta de algunos congresistas y se tome la tarea de hacerles cumplir su compromiso de asistir a las plenarias y no solo en el sentido de presentarse, sino también de participar.

“El Consejo de Estado estaba en mora de revisar esas situaciones, porque el que se registra, y se va y no vota, hace trampa –afirma López–. Asistir no es marcar el registro, asistir significa que los congresistas deben debatir, votar, participar en los debates”.