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El riesgo de un apagón en la Costa Caribe y la imposibilidad de Electricaribe de pagar sus deudas, fueron las razones que llevaron al Gobierno Nacional a intervenirla.

La medida transitoria tuvo dos efectos inmediatos: la suspensión de pagos e intereses hasta el día de la intervención, y la segunda, el desplazamiento de los órganos de administración para designar en su remplazo a un agente especial que asumiera la representación legal y control de la empresa.

El hecho de suspender temporalmente los pagos, permite que los ingresos provenientes de la venta de servicios y recibo de subsidios se destinen exclusivamente a estabilizar la operación y hacer inversiones para mejorar las condiciones de su infraestructura y de esta manera minimizar la pérdida de valor de la compañía y deterioro de sus indicadores de calidad. Para Electricaribe, el Gobierno Nacional ha dispuesto 467 mil millones de pesos para garantizar la compra de energía, y se tiene previsto en el 2018 destinar 125 mil millones de pesos para acometer inversiones, los cuales serán complementados con recursos propios de la compañía.

El estatuto orgánico del sistema financiero, norma aplicable en procesos de intervención o liquidación de empresas de servicios públicos como Electricaribe, establece un plazo de dos meses prorrogables por otros dos para definir la modalidad de la intervención, que no es otra cosa diferente a determinar si la empresa se liquida o se administra hasta su devolución.

Es claro que cuatro meses para resolver ese interrogante en una empresa de tal magnitud es insuficiente. Por ello ante esos escenarios, el Consejo de Estado determina, por tratarse de empresas de servicios esenciales como la energía que no pueden suspender su operación, una figura especial que se llama administración temporal con fines de liquidación, que permite prolongar el tiempo de la intervención hasta encontrar una solución estructural y definitiva. En esa etapa, se encuentra Electricaribe desde el mes de marzo de 2017, en la búsqueda de la mejor alternativa de solución.

Desde el mes de junio de 2017, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) se encuentra vinculada para plantear las recomendaciones y alternativas de solución. El estudio fue entregado en los tiempos previstos en el contrato al Gobierno en cabeza del Presidente Santos. Ahora se deberán tomar las medidas necesarias para encontrar la viabilidad financiera de la empresa en manos de un inversionista, de sus acreedores, de sus dueños, o de la combinación de una de estas.

En conclusión, para adoptar cualquier alternativa de solución al servicio de energía en la Costa Caribe, se requiere encontrar previamente la viabilidad técnica y financiera que permita que Electricaribe sea atractiva y rentable para sus interesados naturales o terceros. En este contexto lo más importante está por definirse, buscando siempre proteger los intereses de clientes, acreedores, trabajadores y pensionados. Dentro de ese marco normativo y legal los dueños aún pueden hacer parte de la solución que en todo caso requiere de cuantiosos recursos económicos no solo para hacer inversiones y garantizar la continuidad y calidad del servicio, sino también, para hacerle frente a la deuda estimada en 2.4 billones de pesos.