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Después de un año de parálisis en las obras para la construcción de la segunda calzada de La Cordialidad a la altura de Galapa, un fallo del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla permitirá reanudar los trabajos previa reubicación de las familias afectadas y la garantía de reparar cualquier daño en sus viviendas.

La jueza quinta civil del circuito de Barranquilla, Candelaria O’byrne Guerrero, tuteló los derechos a la vida y la vivienda digna de un grupo de familias del barrio La Florida en el municipio de Galapa, quienes aducían que sus viviendas estaban siendo sustancialmente afectadas por las obras de infraestructura del proyecto de la ampliación de la  segunda calzada de la vía La Cordialidad.

A raíz de la acción de tutela interpuesta por la comunidad, las obras fueron suspendidas como medida preventiva. El fallo de segunda instancia le da viabilidad al proyecto y, a su vez,  garantiza los derechos fundamentales de un sector de la población cuyas viviendas estaban ubicadas a un lado de la vía.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, aseguró que el departamento ha tomado las medidas necesarias para proteger la vida y bienes de estos pobladores.

“Ya hemos realizado algunos acercamientos con los moradores del sector para llegar a un acuerdo y, de esta manera, podemos entregar en noviembre la doble calzada completa desde Barranquilla hasta Baranoa”, aseguró Verano De la Rosa.

El alcalde de Galapa, Carlos Silvera, informó que el Consorcio Ruta Caribe-Autopista del Sol S.A. entregará un subsidio de arrendamiento a los afectados durante la realización de las obras.

“La Gobernación del Atlántico y el municipio de Galapa se han comprometido a resarcir cualquier daño ocasionado en estas viviendas con ocasión del desarrollo de las obras”, agregó Silvera.

LOS COMPROMISOS

Silvera reiteró el compromiso que adquirieron la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Galapa con las familias de La Florida en el sentido de reparar cualquier daño en las viviendas a causa de las obras del proyecto de infraestructura una vez terminado.

Así mismo, el fallo ordenó la creación de una comisión técnica conformada por profesionales especializados delegados por el municipio de Galapa, el consorcio, la participación de una universidad de Barranquilla con facultad de Ingeniería y delegados de la comunidad para contratar un estudio ecológico con el fin de determinar si es necesaria o no la reubicación definitiva de las familias o hacer transformaciones estructurales.