En la Escuela Naval de Suboficiales de la ARC Barranquilla, 325 víctimas del conflicto armado en el departamento del Atlántico recibieron sus cartas de indemnización. Estos recursos, según establece la Ley de Víctimas (1448 de 2011), son una compensación económica para reparar a las personas que han sufrido los estragos de la guerra con el propósito de que puedan reconstruir su proyecto de vida.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa; y el director territorial de la Unidad de Víctimas, Alfredo Palencia, entregaron estas cartas a las víctimas en un acto solemne. Allí, el mandatario reiteró que esta entrega es un elemento para avanzar en la ruta de la reparación integral.
“Se van a generar ciudadanos autónomos, productivos y gestores de paz, por eso, con la Nación trabajamos para lograr un departamento más incluyente y respetuoso de la dignidad. Nosotros no hemos sufrido los estragos de la guerra como otros territorios, pero sí hemos acogido a las víctimas, aquí estas personas han decidido rehacer sus vidas”, indicó Verano durante su intervención.
Recordó que la Administración Departamental trabaja por las familias víctimas, prueba de ellos fueron 87 puestos de trabajo para miembros de esta población. En total se formaron 423 víctimas como vigilantes y guardias de seguridad.
“No hay dinero que devuelva las vidas perdidas y el dolor que eso causó, es un reconocimiento económico del Estado que demuestra que estamos comprometidos con sus derechos y el mejoramiento de sus condiciones”, anotó Verano.
El director de la Unidad de Víctimas resaltó que se han entregado $83.000 millones en indemnizaciones a víctimas en el Atlántico, de los cuales, $5.800 millones, han sido en las últimas jornadas.
Agregó que para este beneficio no se necesitan tramitadores de ninguna clase, por eso, invitó a las víctimas a que estén atentos y no se dejen embaucar; además, que denuncien a quienes realizan estas prácticas.
Los beneficiarios también recibieron capacitación en manejo financiero en las que se dan instrucciones en el uso adecuado de los recursos y de seguridad para las víctimas.
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