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Desde Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación anunció que abrió una investigación penal con el fin de determinar si se cometieron o no delitos en la administración de la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla. La indagación la inició el ente acusador luego de que miembros de la comunidad educativa denunciaran irregularidades administrativas y financieras, que involucran el no pago a docentes y demás trabajadores.

El Ministerio de Educación, en cabeza de Yaneth Giha, también le había solicitado a la Fiscalía investigar a la institución. En una carta enviada ayer, la cartera le informó al ente las acciones administrativas que desde su entidad se estaban tomando en contra de la universidad y pidió colaboración para hacerle seguimiento al tema desde el ámbito penal.

María Paulina Riveros, vicefiscal general de la nación, aseguró que el ente investigador inició las labores de policía judicial para definir si hay evidencias para inferir que se cometieron delitos y, adelantar posteriormente las respectivas imputaciones y el juzgamiento de los presuntos responsables.

Una de las personas señaladas por los denunciantes es el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, quien, según el Ministerio de Educación, recibía bonos que sumaban US$26 mil (dólares) cada mes, de acuerdo con un informe del Ministerio de Educación, es decir, más de $72 millones de pesos colombianos.

Según un informe que prepara el ministerio, y que fue revelado por Caracol Radio, “el Consejo Directivo aprobó otorgar al rector una bonificacion mensual no constitutiva de salario por concepto de auxilio de seguridad correspondiente a la suma de US22.000 mensuales con efectos retroactivos a partir del 1 de Junio de 2015, misma que se incrementó en US 4.000 a partir del 1 de junio de 2017”. El salario del rector, por su parte, superaría los $67 millones.

Mientras se adelantan las investigaciones administrativa, la ministra Giha ordenó a la institución educativa abstenerse de autorizar giros de recursos al exterior con cargos a la universidad y revisar los contratos laborales de quienes no prestan servicios de manera personal en la institución. Así mismo se ordenó constituir una fiducia para el manejo de sus recursos.

Horas después de que la Fiscalía anunciara la apertura de la investigación, el rector Vargas renunció a su cargo. Desde mañana se hará efectiva su decisión, que obedece a la necesidad de asumir de tiempo completo su defensa. A través de un video publicado en YouTube,  Vargas defendió su gestión y llamó al Estado “mediocre” por “difamar” su administración. “La Autonóma saldrá adelanta cuando cuando el plan financiero que elaboramos se implemente, los profesores y funcionarios recibirán su justo salario y los estudiantes retornarán en clase”, agregó el rector.