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El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, confirmó que envió a sanción presidencial el proyecto de ley que establece que los funcionarios que incurran en delitos de corrupción tendrán que pagar con cárcel efectiva.

Esta iniciativa es considerada como uno de los proyectos claves del paquete anticorrupción pues uno de los principales reclamos en el país radica en los beneficios como casa por cárcel o detención en guarniciones militares que se les otorgan a muchos de los corruptos condenados.

Si bien Cuenca aseguró que el proyecto ya pasa a sanción, hay temor por el futuro de esta norma, pues hay quienes consideran que en su aprobación se cometieron errores que podrían hacerla susceptible a demandas y a, eventualmente, caerse en una revisión de la Corte Constitucional.

Los delitos por los que los funcionarios tendrán que pagar cárcel efectiva serán peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimientos de requisitos legales, entre otros.

Además, cuando haya tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato, falso testimonio, soborno, amenazas a testigo, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.