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Desde la noche de ayer lunes, cuando se confirmó la noticia de que la excongresista Aida Merlano –prófuga de la justicia– fue detenida en Venezuela, su familia comenzó a movilizarse para viajar al vecino país.

Allegados de Merlano confirmaron que en las próximas horas viajarán a Caracas para establecer contacto inmediato con la condenada a 15 años de cárcel por corrupción electoral.

“Estamos esperando a que el Gobierno de Venezuela defina cuál de los mecanismos legales accionaría para enviarla a Colombia: extradición o deportación”, le aseguró a reporteros de este diario el penalista Bladimir Cuadro, abogado en Colombia de Merlano.

De hecho, el jurista no descartó que por no haber relaciones diplomáticas entre los dos países, ni colaboración judicial, el régimen de Nicolás Maduro decida abrirle un proceso judicial en ese país, por delitos que incluirían falsedad documental por portar identidades falsas para ingresar a ese territorio.

Esto incluiría al compañero permanente de Merlano, Yeico Manuel Vargas Silvera, quien había entrado y salido en varias ocasiones del país para movilizar plata e información.

“También estamos aguardando a que se nos informe bajo qué figura se hizo efectiva la captura de mi clienta, si por la circular roja de Interpol o por otro mecanismo. Hasta este momento no ha habido ningún diálogo o contacto con ella; incluso, aún no sabemos en dónde permanece”, agregó el abogado Cuadro.

Se trata de establecer si se encuentra en un centro temporal de retención o en una cárcel para mujeres. Por eso buscan un abogado local.

Los trámites que adelanta la familia de Merlano también apuntan a prestarle ayuda judicial a su compañero permanente, Vargas Silvera.

Aunque Aida Victoria Merlano –hija de la prófuga– había manifestado en sus redes sociales que desestimaba la información sobre la detención de su madre, optó por silenciarse para participar en el apoyo legal que está en trámite.

Por el momento, y hasta tanto se define su situación jurídica, la defensa de Merlano no se referirá a su eventual colaboración en los procesos que se siguen en contra de sus señalados cómplices en la red de corrupción electoral, los cuales incluyen a varios miembros de clanes políticos de la costa Atlántica.