El Departamento de Justicia reveló que un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal contra cinco personas, tres ciudadanos colombianos y dos venezolanos por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que fueron obtenidos a través de sobornos.
Según documentos judiciales, los colombianos Álvaro Pulido Vargas, alias el alemán; Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años; Emmanuel Enrique Rubio González, 32 y Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50, junto a los venezolanos, José Gregorio Vielma-Mora, de 55; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, fueron señalados por su presunto papel en el lavado de activos en un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción, también conocido como CLAP, un programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el estado para los venezolanos.
La acusación formal alega que entre 2015 y hasta al menos 2020, los cinco implicados habrían recibido $1,6 millones de dólares en Venezuela y transfirieron cerca de $180 millones de dólares a través o hacia cuentas bancarias a los Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados lavaron este dinero en cuentas bancarias ubicadas en Antigua y Emiratos Árabes, dinero que luego fue transferido a cuentas bancarias en el Distrito Sur de la Florida.
Según la fiscalía, estas personas obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través del CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. Los acusados inflaron los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse.
Cada uno de los implicados está acusado de cinco cargos, uno por conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro de lavado de dinero. Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrentaría una pena máxima total de 100 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos.
Esta entidad judicial es la misma que investiga el caso del colombiano Alex Saab, quien también enfrenta cargos por lavado de activos, también relacionados con el CLAP en Venezuela.
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