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Cabello, uno de los dirigentes más influyentes del país, cometió “abusos de autoridad”, y junto a su esposa Marleny Contreras, su hermano José Cabello, y Rafael Sarría, formó una “red de corrupción”, aseguró el Tesoro estadounidense.

Aunque durante mucho tiempo Cabello  esquivó las sanciones internacionales, este año no ha sido favorable para el número dos del régimen de Nicolás Maduro. En enero, los cancilleres de la Unión Europea adoptaron sanciones contra los responsables del “graves violaciones de los derechos humanos” en Venezuela. En la lista estaba el primer mandatario de ese país, su ministro del Interior, Néstor Reverol y Diosdado Cabello, quien en este momento hace parte de la Asamblea Constituyente creada por el régimen.

Las sanciones de la Unión Europea contra Cabello llegaban por la represión durante las manifestaciones anti gubernamentales que dejaron 125 muertos y por utilizar “los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar”. No era la primera vez que era acusado por delitos graves.

Tres años antes de que las sanciones empezaran a llegar, en 2015, el Wall Street Journal publicó una investigación titulada “Funcionarios venezolanos sospechosos de convertir a su país en el centro mundial de la cocaína”. Uno de los funcionaros investigados por favorecer no solo el tráfico de drogas sino el lavado de activos era Cabello.

El oficialimso no tardó en poner el grito en el cielo y Cabello demandó a la publicación por difamación. El reclamo no llegó muy lejos, pues a mediados de 2017,  la corte del distrito sur de Nueva York declaró que la demanda no tenía lugar:

“El demandante no ha acreditado una presunción de calumnia y su demanda es rechazada”, dijo la juez Katherine B. Forrest cuando dio por cerrado el caso. Según Forrest, Cabello no pudo demostrar que “era falso que la Fiscalía lo está investigando por vinculaciones con el narcotráfico”.

La jueza también dio a conocer que “una unidad de élite de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y fiscales de Nueva York y Miami” trabajan “recabar pruebas provistas por extraficantes de cocaína, informantes que estuvieron cerca de altos funcionarios venezolanos y desertores del ejército.