Michelle Bachelet se refirió extensamente a la situación en Venezuela durante un discurso pronunciado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde dijo estar preocupada “por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.
Bachelet denunció que en enero y febrero pasados, su oficina documentó “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos armados progubernamentales’, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación”.
De la misma manera, indicó que se investigan 242 denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales, que habrían ocurrido hasta enero de 2019 siguiendo, al parecer, un patrón: “Ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”.
La alta comisionada aseguró también que ha recibido denuncias de que la Fiscalía General se negó “explícitamente” a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES.
Bachelet recordó que un equipo técnico de su oficina se encuentra actualmente en el país y manifestó que es necesario que “tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”.
Libertad de expresión, salud y educación
En otro sentido, se refirió a la situación en materia de libertad de expresión y aseguró que las autoridades “han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura”.
Citando una encuesta, pero sin mencionar a su autor, Bachelet dijo que “más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela” y manifestó su preocupación por el rápido deterioro de los servicios de salud.
“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”, añadió Bachelet.
Por otra parte, indicó que el apagón ocurrido en días pasados “simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país” y sostuvo que esta situación, combinada con la hiperinflación, “genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”.
Sanciones económicas y migrantes
“Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, dijo la comisionada, las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.
Finalmente, se refirió a los migrantes venezolanos y a las precarias condiciones en las que partieron y en las que muchos de ellos se encuentran en sus lugares de destino.
“Los países de la región se han visto confrontados a la llegada masiva de personas que a menudo presentan necesidades humanitarias urgentes y cuyos derechos humanos requieren protección”, dijo la comisionada e instó a los Estados a combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación y a mantener el acceso a sus territorios.
