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Con ocasión del inicio del periodo legislativo en el Congreso de la República, la representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico Karina Rojano Palacio radicó 5 proyectos de ley sobre diversas temáticas:

“Arrancamos con todo este periodo de sesiones, luego de salir de mi licencia de maternidad, presento hoy ante el Congreso, un paquete legislativo que contiene diferentes iniciativas que nacieron de escuchar las preocupaciones de muchos ciudadanos” manifestó la representante.

El primero de ellos busca crear un procedimiento mediante el cual pueda separarse del cargo a docentes, cuidadores de jardines infantiles y cualquier otro funcionario de empresa pública y privada que trabaje con menores de edad cuando son investigados por presuntos delitos o faltas por violencia sexual: “Buscamos complementar la recién aprobada ley 1918 de 2018 que inhabilita a los condenados por delitos sexuales para que no puedan trabajar con menores de edad y en este sentido faculta a los empleadores a separar y reasignar a otras funciones diferentes del contacto directo con los niños a aquellas personas investigadas disciplinaria o penalmente por violencia sexual contra menores de edad “.

El segundo proyecto pretende crear el Contrato Especial Alternativo de Trabajo para el Estudiante Trabajador, con el fin de brindar alternativas laborales a la población vulnerable joven del país, “Soy la Congresista más joven de Colombia y sé que es urgente crear posibilidades de empleo a los miles de jóvenes que estudian y trabajan a la vez, por ello, buscamos protegerlos y proveerles herramientas legales que les brinden garantías y oportunidades para flexibilizar su jornada laboral, generando recursos para desarrollar sus estudios, con los cual tendrán la oportunidad de ser  jóvenes más competitivos y emprendedores “.

Otro proyecto consiste en establecer un Sistema de Redención de Penas (por trabajo, estudio y actividades deportivas) más severo y difícil para los condenados cuando se trate de delitos de homicidio y de violencia sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes, “Considero que esta iniciativa es una alternativa real y seria al Proyecto de Cadena Perpetua para violadores que no ha sido posible ser aprobada en el Congreso, pues al ser una ley ordinaria que modifica el Código penitenciario sólo necesita 4 debates y no 8 (como los actos legislativos) pretendiendo que esos condenados paguen efectivamente sus altas penas sin una rebaja sustancial en las cárceles del país”.

El cuarto proyecto modifica el actual Código de Policía otorgándole facultades a los Alcaldes, para que sean estos quienes puedan reglamentar y permitir de forma espacio público; “Creo que son los Alcaldes quienes conocen las características de cada municipio quienes en ejercicio de la “función de policía” deben permitir, por el reconocimiento de las condiciones histórico – culturales de cada territorio, así como por sus condiciones climáticas, el uso del espacio público sin recibir las multas que trae el Código de Policía “

El último proyecto propone modificar la Ley de Infancia y Adolescencia para introducir una serie de cambios en los Consejos de Política Social a nivel Nacional, Departamental, Distrital y Municipal. Estos cambios buscan mejorar la articulación y capacidad Estatal entre entidades que deben cuidar la integridad física y sexual de niños y jóvenes con un enfoque de género femenino. Ello debido a que el 90 % de las víctimas de violencia sexual son menores de edad, y de estos, el 87% corresponden a niñas y jóvenes mujeres de nuestro país. Por tanto, para atacar esa problemática desde la gestión pública, aumenta el número de sesiones mínimas de 4 a 6 sesiones y obliga a crear una Mesa o Línea de Trabajo Exclusiva en los Consejos de Política Social que se dedique a trabajar la problemática de la violencia sexual en jóvenes y niños.