Primero Noticias

La Procuraduría General formuló pliego de cargos y citó a juicio disciplinario a siete militares del Ejército Nacional, porque presuntamente no aplicaron los protocolos de seguridad en la Brigada 30 de Cúcuta, Norte de Santander, el pasado 15 de junio, cuando fue activado un carro bomba que dejó más de 30 uniformados heridos.

El Ministerio Público considera que, al parecer, no se habría ordenado la disposición de un soldado apoyado por un canino antiexplosivos, situación que “según los protocolos y guías de seguridad, hubiera sido un elemento fundamental para la detección de explosivos”.

Entre los cuatro oficiales implicados está el comandante de esa Brigada para la época de los hechos, coronel Ilvar Orlando González Villamil.

La Procuraduría señaló que el coronel González “debió gestionar, adelantar, facilitar, suministrar lo requerido por el BASPC (Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta) para suplir la necesidad planteada y ampliamente documentada sobre los binomios caninos para el control de ingresos de vehículos y correspondiente inspección”.

Por ello, el órgano de control calificó la presunta conducta del coronel González como una falta grave cometida a título de culpa, así como la del comandante de guardia en la fecha del atentado, sargento viceprimero Luis Eduardo Espejo López; la del suboficial de administración, sargento segundo Mario Andrés López Roque, y la del cabo segundo Óscar Leonel Pava Caviedes, quien prestaba su servicio en la entrada principal del cantón San Jorge.

En el caso del jefe de Estado Mayor Conjunto y segundo comandante de la Brigada 30, coronel Pedro María Vega Losada; el comandante del Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta, teniente coronel Carlos Andrés Sarmiento Gutiérrez, y el oficial de operaciones de esa misma unidad, mayor César Alexánder Carrero Salcedo, la Procuraduría calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.