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La Fiscalía capturó en Bogotá a los hermanos Norberto Mora Urrea, Uriel Mora Urrea y Edna Mora Urrea, investigados por supuestamente haber sido testaferros de las Farc, haciéndose pasar como los dueños de la cadena de supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa. Por este motivo, el organismo investigativo les imputará cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares y en las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías.

Además, la Fiscalía adoptó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre los supermercados, los cuales, según el ente investigador, “superarían los $627.000 millones. En total se afectaron con fines de extinción al derecho de dominio cinco sociedades, 60 establecimientos de comercio, 70 cuentas bancarias, 15 apartamentos, tres casas, siete locales comerciales y 27 vehículos”.

Las indagaciones empezaron a través de desmovilizados del extinto grupo guerrillero. A través de dichos testigos habrían identificado la red de testaferros, lo cuales usaban los supermercados que funcionan en Bogotá, Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Tolima y Quindío.

La relación de la familia con las Farc habría empezado hace años. De hecho, a partir de la recolección de testigos, el ente investigador aseguró que la madre de los hermanos, María Ana Bertilda Urrea de Mora, habría sido amiga de alias el Mono Jojoy.

Otro de los hallazgos de la Fiscalía fueron las reuniones  que dos de los hermanos tuvieron con los frentes 51, 53 y 55. Uno de ellos, Luis Alirio Mora Urrea, “habría estado encargado de entregar a la guerrilla la información necesaria para identificar personas que pudieran ser víctimas de secuestro extorsivo en el centro del país”, aseguró el ente investigador.

El rápido crecimiento de los supermercados alertó a las autoridades inmediatamente y fue una de las claves para detectar los movimientos ilicitos, pues entre el año 2006 y el 2016 pasaron de tener $1.500 millones a $30.000 millones y además, los precios de los productos eran muy inferiores a los de los locales legales. “Un kilo de lulo era vendido a $1.900 pesos mientras que en el comercio legal se consigue a $4.000 pesos”, remató la Fiscalía.