Tras los hechos ocurridos el pasado domingo, cuando se encontraron más de $260 millones en efectivo, armas de fuego y certificados electorales en la casa de la hoy electa senadora por el partido Conservador, Aida Merlano,la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la congresista por presunta compra de votos.
“Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña”, señaló el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
Por estos hechos fueron capturadas cinco personas. Entre ellos: Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, hermana de la senadora y asesora de la campaña; Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas; Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas; María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales y Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.
Según el ente investigador cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte. “El monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto”, señaló el jefe del ente investigador.
De acuerdo con la Fiscalía, el comando político creado por la senadora funcionaba en un inmueble conocido como “casa blanca”, ubicado en el barrio Golf de Barranquilla. Allí se realizaban todas las transacciones relacionadas con la compra de votos y la búsqueda de sufragantes.
Las capturas de los cinco sindicados fueron legalizadas por el Juez Primero penal de control de garantías y este miércoles 14 de marzo se les imputaran cargos por el delito de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
Cabe señalar que el Partido Conservador también abrió una investigación contra la senadora Merlano desde la veeduría nacional. De acuerdo con un comunicado del partido, el objetivo es que el consejo de control ético del partido tome las sanciones necesarias sobre el caso y señaló que “rechaza y condena cualquier acto por parte de nuestros militantes, que atente contra la transparencia y buenas prácticas dentro del pasado proceso electoral” se explica en el documento.
Asimismo, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra la senadora y otros funcionarios por el de dineros, armas y códigos de barras para la presunta compra de votos.
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