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La disminución de casos de violencia sexual y violencia intrafamiliar desde la lucha contra la impunidad es el objetivo de la estrategia que desde hoy la Fiscalía General de la Nación pone en marcha y que se extenderá en ocho departamentos del país, los cuales han sido priorizados.

Adicionalmente, se busca que al dar resultados a la ciudadanía, ésta se convierta en una aliada de la Fiscalía para identificar casos que afecten significativamente a la sociedad y así combatir este tipo de violencias.

Al ser una estrategia con enfoque territorial, se evaluarán cuáles son los contextos particulares para buscar soluciones efectivas acordes a las características de cada región.

Para el lanzamiento de la estrategia se escogió el departamento de Atlántico, ya que se ha detectado que es una de las regiones más afectadas por este tipo de violencias, que para esta administración es de suma importancia. “Barranquilla es una de las ciudades donde más se presentan denuncias de violencia intrafamiliar y violencia sexual, y ese es el motivo de nuestra visita aquí. Hoy nos reunimos con el equipo de fiscales para tratar de identificar las dificultades qué hay en las investigaciones. Estos son delitos con investigaciones muy técnicas que exige un nivel probatorio diferente y sobre todo muy especializado, por eso nos ocupamos de identificar esas dificultades para superarlas en el menor tiempo posible”, indicó la Vicefiscal María Paulina Riveros Dueñas, durante una rueda de prensa en la capital atlanticense, para el lanzamiento de la estrategia.

Por su parte Ángela Bedoya, directora seccional de la Fiscalía, informó que fueron emitidas 59 órdenes de captura a presuntos abusadores. 45 de ellas son por delitos ocurridos en Soledad y 14 en Barranquilla.

Agregó que existen diariamente entre 10 y 12 noticias judiciales de este tipo de delito recibidas por las autoridades, lo que lleva a un total de entre 50 y 55 semanales.

También se refirieron a casos de alto impacto como el de Levith Rua, a quien ya le fue presentado el escrito de acusación por el presunto abuso a una menor venezolana.  Por el caso de Gabriela Romero, estudiante del Sena, y las otras cuatro denuncias que existen aún se encuentran con los términos vigentes.