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La presidenta de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe, Sandra Devia, en diálogo con el noticiero regional CV Noticias, denunció que el exrector del alma máter, Rámses Vargas, habría modificado las actas acordadas en las sesiones de la Sala con el fin de enajenar e hipotecar bienes, entre otras acciones. 

Devia destacó que sí se aprobó, por ejemplo, la venta del equipo de fútbol y la posibilidades de negociar con los bancos los bienes improductivos de la universidad, para poder subsanar las deudas que tenía la universidad. “Pero no se aprobó la venta del polideportivo”.

“De acuerdo con las actas el podía hacer cualquier cosa con los bienes de la universidad. Esas actas fueron totalmente alteradas, en las Salas Generales jamás se aprobaron este tipo de cosas”, afirmó Devia en la entrevista para CV Noticias. 

Así mismo indicó que en ningún momento al rector se le aprobó un aumento de salario por 20 millones de pesos, ni una bonificación por 4 mil dólares.

“La Sala General, atendiendo una proposición de uno de los miembros en donde se decía que el rector no se había aumentado sueldo desde que inició su gestión, aprobó que se le aumentara el sueldo. Para ello se nombró una comisión y se le recomendó que no fuera mayor del IPC”, señaló durante la entrevista para CV Noticias. Sin embargo, “en el acta dice que eso se aprobó en la Sala General no siendo así”.

También, Devia reveló que el presidente de la Sala en 2017, Electo Rivera, renunció, según él mismo manifestó en una carta, “porque el acta que le entregaron para que firmara tenía temas que no habían sido tratados en la Sala General”.

Además, como dijo a CV Noticias, “el doctor Lastra, presidente en 2015 y parte de 2016, también está haciendo cotejo de las actas para verificar y entregarnos la información de qué fue lo que realmente firmó él”.

Finalmente, Sandra Devia informó al medio regional que se está haciendo una exhaustiva revisión de las actas desde 2015 hasta la actualidad, con el fin de aclarar su situación frente a las investigaciones que adelantan los ministerios de Educación y Trabajo y la Fiscalía.

E indicó que hizo una solicitud al revisor fiscal de la institución para “que el lunes 5 de marzo, entregue y rinda cuentas del por qué los informes que ellos nos entregaron a nosotros no coinciden con el informe que entregó el Ministerio de Educación”. Esa cartera adelante investigaciones en contra de la universidad por presuntas irregularidades administrativas y financieras.