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Ecuador se sumó este jueves a los países de la región que atraviesan una crisis, después de que el Gobierno impuso el estado de excepción para intentar aplacar la ira social que estalló en las calles, tras el fin de subsidios a combustibles acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Acosado por un alto endeudamiento y falta de liquidez en la economía dolarizada, el gobierno del presidente Lenín Moreno pactó un programa de créditos con el organismo, por 4.209 millones de dólares, que incluye el desmonte de esos subsidios, que demandaban unos 1.300 millones de dólares anuales.

El incremento de las tarifas del diésel y la gasolina, de hasta un 123 por ciento, precipitó una huelga nacional de transportadores. Miles de manifestantes se movilizaron en varias ciudades e, incluso, algunos exigieron la renuncia de Moreno, en medio de choques con la policía, que dejaron al menos 19 detenidos.

El mandatario endureció su respuesta y decretó el estado de excepción por 60 días para “evitar el caos”. Sin embargo, en Quito, los manifestantes se mantuvieron en las calles en un abierto desafío al Gobierno, que quedó facultado para emplear la fuerza armada en el control del orden público, restringir el derecho a la movilización o imponer la censura previa a los medios.

Sin un sólido apoyo en el Legislativo y con las encuestas en contra, Moreno lidia con las primeras consecuencias del convenio que suscribió en marzo con el FMI para obtener créditos. Los transportadores pararon en varios puntos, y universitarios salieron a las calles en Quito en el marco de la mayor huelga en Ecuador desde la llegada de la izquierda al poder en 2007.

Las clases también fueron suspendidas. En la capital y otras ciudades, los buses y taxis dejaron de circular. Se prevé que organizaciones indígenas y sindicales se unan a la protesta. El galón americano de diésel pasó de 1,03 a 2,30 dólares y el de gasolina corriente, de 1,85 a 2,40 dólares.

El malestar social evoca el pasado de inestabilidad en el pequeño país petrolero. Tres presidentes –dos de los cuales intentaron reajustes económicos– fueron derrocados entre 1996 y 2007, cuando Ecuador llegó a tener siete mandatarios.

Según los analistas, esta es una dura prueba para Moreno. “Esperaría que estas protestas no tengan la presión para que el Gobierno eche atrás las medidas. (Eso) sería una señal de debilidad enorme del Gobierno, que le implicaría mayores problemas que los que está intentando resolver”, dijo el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito.