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La representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba, celebró la decisión de la Corte Constitucional de declarar infundadas las objeciones a su proyecto de infertilidad y agregó que “luego del aval del alto tribunal esperamos que el presidente Duque sancione pronto la ley”.

La congresista señaló que con esta decisión la corte reivindica los derechos de más de 2 millones de parejas que vienen luchando sin ser escuchadas y claman por ayuda del Estado para poder tener una familia.

“Este es un debate que estaba pendiente en el país desde mucho tiempo atrás y teníamos que darlo. La corte en varios de sus fallos ha venido manifestando que la ampliación progresiva del Plan de Beneficios debe sopesar el equilibrio financiero del sistema de salud y ha venido mediando para equilibrar las tensiones existentes”.

Además, explicó Villalba, la alta corte exhortó al gobierno para que iniciara una discusión pública y abierta, donde fuera revisada la situación de las personas que no cuentan con los recursos económicos para costear los tratamientos de fertilidad”.

Otro aspecto que manifestó la legisladora es que la infertilidad es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a las personas que la padecen, a su entorno familiar y social y pueden tener profundos efectos psicológicos.

“La verdad es que esta lucha no solamente es nuestra como autores del proyecto sino también de todas esas familias que nos brindaron el respaldo y el apoyo, su experiencia de vida y esa lucha permanente por poder tener un hijo a través de estos tratamientos ya que de manera natural no pueden hacerlo”.

Sobre la iniciativa

El Proyecto de Ley “Por medio del cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Política Pública de Prevención de la Infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva”, fue objetado por el entonces presidente Juan Manuel Santos argumentando razones de inconstitucionalidad e inconveniencia fiscal y pasó a revisión de la Corte Constitucional.

En el país no existe una regulación sobre el tema y por ello la norma, según la autora, busca que el Gobierno Nacional “adelante la Política Pública de Infertilidad con miras a garantizar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección, dejando a potestad del ejecutivo los lineamientos y requisitos para el desarrollo del acceso a dichos tratamientos”.