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A través del área de Defensoría, se articulan acciones con los entes de protección y justicia con el propósito que los casos de violencia no queden en la impunidad.

En 2018, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género ha brindado atención y apoyo en 336 casos de mujeres que han sido víctimas de vulneración de sus derechos. Así lo informó la jefe de esta dependencia de la Gobernación del Atlántico, Zandra Vásquez, quien explicó la ruta que deben seguir las víctimas en el departamento.

La funcionaria informó que, de estos 336 casos, 2010 corresponden a situaciones en las que las mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar y 53 casos de agresiones fuera de este contexto.

Los otros 73 casos son de mujeres que han solicitado apoyo en asesorías, orientaciones y consultas.

Vásquez informó que la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género brinda un amplio portafolio de servicios a la mujer víctima de violencia de género o de vulneración de derechos. Esta oferta está a cargo del área de Defensoría, conformada por profesionales dedicados a brindar ayuda en prevención, asesoría legal y orientación psicológica.

Desde esta dependencia se articula las acciones con los entes de protección y justicia (Comisarías y Fiscalía) con la finalidad de que los casos avancen de acuerdo con la normatividad.

“El área de Defensoría, es la columna vertebral de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, aquí atendemos a hombres y mujeres de todas las edades, de diferentes grupos socioeconómicos y grupos étnicos”, Zandra Vásquez.

 LA RUTA DE ATENCIÓN

Cuando una mujer acude al área de Defensoría, lo primero que hace el funcionario es averiguar el motivo de la consulta con el propósito de identificar dónde ocurrió el hecho de violencia para poder activar la ruta de atención.

Si la mujer fue agredida por la pareja en su hogar, el caso le corresponde a la Comisaría de Familia porque el tipo de violencia está dentro del escenario familiar.

Si el caso es por agresión de un vecino, es competencia de la Fiscalía hacer la respectiva ruta de atención.  Ambas entidades deben enviar a la persona afectada a Medicina Legal para la valoración e incapacidad.

Una vez definido a qué entidad competente le corresponde el caso, el área de Defensoría envía un formato de remisión y son las trabajadoras sociales quienes hacen el seguimiento y acompañamiento de los casos.

Dentro del plan de seguimiento, se debe tener en cuenta la evaluación del estado de las lesiones previas, así como la posible aparición de otras nuevas; además, la condición psíquica de la mujer, si aumenta el tipo de violencia o si cambia el tipo de maltrato y si las agresiones se han extendido a otros miembros de la familia.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Orientación y acompañamiento psicosocial: se busca crear un espacio de confianza, empatía y confidencialidad, con el fin de identificar el impacto emocional para poner en marcha mecanismos de acción que protejan y atiendan posibles derechos vulnerados.

Orientación y acompañamiento jurídico: se encamina de acuerdo con la necesidad de la consultante, enfocada a los derechos humanos de las mujeres y con perspectivas de género, con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes en las áreas de derecho de familia, civil, penal, laboral y administrativo.

Psicojurídica: se entrega una atención articulada entre los servicios de psicología y jurídica con un corte individualizado. Se pretende el fortalecimiento personal y de derechos de la persona.

Promoción de los derechos de la mujer: Se persigue la articulación con las instituciones y entidades correspondientes para poner acciones efectivas que garanticen los derechos de la mujer en el departamento.

La mujer que es víctima de cualquier tipo de agresión puede acceder al servicio por cualquier medio: entrevista personal, telefónica y correo electrónico donde exprese la situación de violencia y así recibir la orientación que necesita por parte de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico.

POLÍTICA PÚBLICA PARA MUJERES

La elaboración de la Política Pública para mujeres nace como un mecanismo guía para intervenir sus demandas y poner en marcha acciones articuladas para reducir las inequidades sociales que la historia y la cultura les ha propiciado a las mujeres en su condición de sujetas de derechos y gestoras de cambio social.

Los mecanismos trabajados en esta área se encuentran articulada con los lineamientos jurídicos nacionales e internacionales que enfocan en la protección de los derechos como el de vivir libre de violencia basados en género; derecho a la autonomía económica de la mujer en condiciones dignas; derecho a la participación ciudadana y política de la mujer; derecho a la seguridad social en salud y educación y participación de las mujeres en los procesos de paz para la convivencia.