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Han pasado 20 días desde que un edificio de seis pisos se desplomó frente a la mirada de los habitantes del Plan 400, en el barrio Blas de Lezo, en Cartagena, ocasionándole la muerte a 22 personas y provocando heridas a una decena más. El derrumbe dejó al descubierto las irregularidades en las construcciones de la ciudad, que se han proliferado de manera ilegal en diferentes sectores de La Heroica. Por esos hechos, la Procuraduría anunció este miércoles que suspende de manera provisional, por tres meses, al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque.

La medida cautelar, anunciada por el ente de control, se da en medio de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra, para determinar las responsabilidades de su gestión u omisión en el seguimiento y control a las edificaciones de la ciudad.

La Procuraduría también puso la lupa en Patricia Zapata Negrete, alcaldesa de la localidad Industrial y de la Bahía (#3); Alfonso Ramos de León, inspector de la Comuna 12 de la ciudad; Luz Elena Paternina Mora, secretaria de Planeación de Cartagena; Olimpo de Jesús Vergara, director de Control Urbano; y Ricardo Javier Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado y Jorge Luis Cudris Pájaro, técnicos y profesional en la Localidad Industrial y de la Bahía.

Uno de los argumentos de la Procuraduría para adelantar estos procesos es la existencia actual de 55 construcciones sin licencia que se levantan en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, sin que se evidencien sanciones ejemplares que frenen y castiguen este actuar ilegal.

El ente de control anunció también que interpuso varios recursos para proteger a los trabajadores afectados con el derrumbe de Blas de Lezo y para evitar que este caso se repita. El primero de ellos es una acción de tutela, como la que se busca garantizar los derechos fundamentales de los obreros que sobrevivieron al desastre, y que sean cobijados con el mecanismo de protección al cesante “a través del cual tendrían derecho a un subsidio de alimentación y al pago de seguridad social por un término de 6 meses”. Así como la inclusión de sus hojas de vida en el Servicio Público de Empleo para que puedan acceder a otro trabajo formal.

De igual manera, el Ministerio Público presentará una acción popular para proteger los derechos colectivos de la comunidad de Cartagena, amenazados por la existencia de construcciones ilegales. “Como medida cautelar se pedirá que la alcaldía identifique las obras con deficiencias estructurales que puedan constituir riesgo para la comunidad”.

En la edificación que se vino abajo el 27 de abril se observaba una valla que mostraba una supuesta licencia de la Curaduría 1 de la ciudad, con un número de radicado, con fecha del 20 de noviembre de 2016, y el uso: residencial multifamiliar. La fecha de instalación de la obra era 28 de noviembre del año pasado. Sin embargo, el curador 1, Ronald Llamas, le afirmó en ese momento a este diario que el aviso era falso y que ese radicado no existía.

No obstante, minutos después de ocurrido el desplome y antes de que se pronunciara Llamas, el alcalde cartagenero metió la pata y salió a defender la legalidad de la construcción y en su cuenta de Twitter exhibió el aviso con el supuesto permiso. “Este edificio colapsó hace pocos minutos. Como se ve en la foto contaba con licencia de Curaduría No.1 de Cartagena”, dijo Duque. Segundos después, la publicación fue borrada de esa red social.