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A través de un comunicado de prensa, la Gobernación de Córdoba manifestó que la decisión de la Procuraduría, que suspendió a Edwin Besaile por tres meses como gobernador por su presunta participación en el denominado Cartel de la Hemofilia, es innecesaria y excesiva.

La gobernación dice que “observa con extrañeza” lo manifestado por la Procuraduría cuando sostiene que la suspensión de su gobernador –a quien le van a imputar cargos el próximo lunes por los delitos de concierto para delinquir y peculado– fue ordenada para evitar que interfiera en la investigación.

Esto porque según la Procuraduría, y citado en el comunicado de la gobernación, “teniendo en cuenta el grado de subordinación de los funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos a la IPS” San José de la Sabana por un valor de $1.500 millones para la atención de 14 pacientes supuestamente diagnosticados con hemofilia.

Sin embargo, para la gobernación, “este argumento no tiene asidero si se tiene en cuenta que Besaile, el 27 de octubre de 2017, manifestó estar impedido para conocer de estos hechos, ante lo cual, la misma Procuraduría resolvió aceptar el impedimento y comunicar al ministro del interior (Guillermo Rivera) con el fin de que se designara un gobernador”.

Esa decisión, dice el comunicado, fue emitida el 9 de noviembre de 2017 a través de un auto con el argumento de que es la máxima autoridad administrativa del departamento y que esa labor debe ser ejercida “por personas desprovistas de cualquier clase de interés, de forma que se garantice a plenitud la imparcialidad y trasparencia”.

El comunicado dice que con base en esos argumentos aceptó el impedimento del gobernador para actuar como gobernador de Córdoba. “Como se observa, si ya se había separado desde noviembre del año anterior del conocimiento de dicho caso al gobernador, la medida de suspensión del cargo se torna innecesaria y excesiva”.

Y dice que ese trate de designación se encuentra desde hace dos meses en el Ministerio del Interior sin que se haya resuelto. En todo caso, el gobernador si quiere demostrar su inocencia tendrá que desvirtuar el dossier de pruebas que tiene en entidades como la Procuraduría o la Fiscalía.