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En cumplimiento de la medida correctiva impartida por la Inspección de Policía Urbana #28 de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Púbico, el Distrito procedió a desmontar una antena de telecomunicaciones en el barrio La Manga, calle 78 #21B – 641.

El procedimiento se realizó luego de agotar todas las etapas del proceso verbal abreviado establecido en el Código de Policía. El área donde estaba instalada la antena está considerada según el POT como zona de protección.

La Alcaldía Distrital de Barranquilla expidió el decreto 568 del 25 de agosto de 2017, por el cual se regula el procedimiento para levantar el plano de localización de las redes de telecomunicaciones, sus estructuras de soporte e infraestructuras asociadas, y establece las condiciones para el aprovechamiento temporal del espacio público por parte de los proveedores, entre otras disposiciones.

En virtud del citado decreto, diferentes empresas de telecomunicaciones presentaron, en el año 2017, ante la Secretaría de Planeación Distrital, el inventario de las estructuras de telecomunicaciones que se encuentran instaladas en Barranquilla, estableciendo de forma clara una normativa con condiciones específicas.

“Como autoridad administrativa y en ejercicio de nuestras facultades seguiremos realizando control a las licencias de intervención y espacio público otorgadas por la Secretaría de Planeación para la instalación de las estructuras de telecomunicaciones”, explicó el secretario de Control Urbano y Espacio Público, Henry Cáceres.

El funcionario agregó que “en lo que va del año, se han visitado 153 puntos pertenecientes a diferentes empresas prestadoras de este servicio a efecto de realizar un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas por los citados operadores y los dueños de las infraestructuras”.

En lo que respecta a las infraestructuras de telecomunicaciones instaladas en predios privados, las autoridades distritales se encuentran a la espera de que las empresas de telecomunicaciones presenten el plan de reubicación para proceder a iniciar procesos policivos a aquellas que no cumplan con lo estipulado en el decreto 568 de 2017.