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En el primer semestre del presente año se auditaron las Corporaciones más grandes del país, que manejaron recursos por casi $4 billones en 2017. Sin embargo, las irregularidades encontradas muestran una gestión deficiente y pobres resultados en materia de protección ambiental.

El despilfarro y la desviación de recursos siguen caracterizando la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales, como se desprende de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República a 10 de estas entidades en el primer semestre del presente año, precisamente las que manejan los mayores recursos presupuestales, donde se detectaron hallazgos fiscales que superan los $100 mil millones, de los cuales $72 mil millones corresponden a la CAR Cundinamarca.

La situación encontrada en la CAR Cundinamarca es bien preocupante: muestra una bajísima ejecución presupuestal y, además, una marcada concentración contractual. Por ejemplo, a un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones.

También se cuestionan los resultados de las cuantiosas inversiones de esta Corporación en las PTARs de los municipios de Apulo, Facatativá, Madrid y Sesquilé (Cundinamarca), que muestran problemas de estudios y diseños, obras inconclusas o con retrasos.

La preocupación de la Contraloría se extiende al desarrollo de los contratos que se ejecutan dentro del Megaproyecto Río Bogotá y a las anomalías que se están presentando en la aplicación de los recursos ambientales, como se amplía con detalle más adelante.

En el caso de otras Corporaciones auditadas por la CGR, se hacen observaciones a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) por invertir en el sistema financiero los billonarios recursos que se le entregaron hace algunos años para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del Río Cauca; y se señalan irregularidades detectadas en CORTOLIMA, CORPOCESAR, la CRC y la CARDER, que se precisan en otra parte de este comunicado.

Deficiencias que ponen en alerta a la Contraloría

Las situaciones descritas se dan tras el escándalo desatado recientemente por las graves irregularidades detectadas por la CGR en la Corporación para el Canal del Dique – CARDIQUE, donde además de los cuantiosos hallazgos fiscales formulados por más de 23 mil millones de pesos, la Fiscalía General de la Nación capturó a varios altos funcionarios de esa Corporación;

Ahora le correspondió a las grandes Corporaciones Autónomas Regionales del país, como son CAR Cundinamarca, CAR Valle del Cauca – CVC, CORPOCESAR y CORTOLIMA, entre otras (en total 10 corporaciones auditadas), las cuales manejan cerca del 70% del presupuesto total que tienen en conjunto las 33 CAR (cerca de 4 billones de pesos en el 2017).

En las auditorías adelantadas durante el primer semestre del año que cursa, la Contraloría encontró deficiencias en el manejo de los recursos públicos por parte de estas Corporaciones, que ponen en alerta al organismo de control fiscal frente a los inminentes riesgos que afrontan de manera permanente los recursos naturales y el ambiente de los territorios a cargo de estas entidades, pues el despilfarro y la desviación de recursos no permiten inversiones efectivas.

Irregularidades en la CAR Cundinamarca

Para el caso de la CAR Cundinamarca, los hallazgos fiscales superaron los $72 mil millones de pesos.

Esta Corporación tuvo disponible en el año 2017 un presupuesto que ascendió a $1.3 billones de pesos, con una bajísima ejecución presupuestal (que no superó el 18 por ciento).

Adicionalmente, la CGR encontró graves irregularidades relacionadas con los procesos de contratación, así como con las inversiones de recursos económicos realizadas, que fueron puestas en conocimiento a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las normas contractuales colombianas, la Licitación Pública es la regla general para la selección objetiva del contratista; sin embargo, en esta Corporación Autónoma la excepción que es la contratación directa, resulta siendo la que prevalece.

Muestra de ello es que de 7.810 actos contractuales del período 2013 a 2017, el 90,1%, o sea 7.037 de los mismos (por un valor que supera los $1,13 billones de pesos), corresponden precisamente a contratación directa.

La CGR evidenció concentración contractual, como se aprecia en los siguientes casos: 

* 29 personas (naturales o jurídicas) concentraron 103 contratos.

* A un contratista se le adjudicaron más de 5 contratos en cuantía de $1.000 millones.

*A un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones de pesos.

*A un mismo contratista la Corporación le adjudicó 14 contratos por valor de $6.293 millones de pesos, todos en el mismo período de tiempo analizado, donde los beneficiarios actuaban como personas naturales o jurídicas y también conformando consorcios.

Las PTARS y algunos casos de “Elefantes Blancos”

La Contraloría encontró que predominaron los convenios interadministrativos suscritos con las Alcaldías, fundamentalmente para la construcción y adecuación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en las cuales la CAR aportó más del 90% de los recursos requeridos.

En visitas fiscales realizadas a las PTARS de los municipios de Apulo, Facatativá, Madrid y Sesquilé (Cundinamarca), la Contraloría encontró problemas en los estudios y diseños, cumplimiento de normas de sismo resistencia y obras inconclusas o con retrasos.

A pesar de las cuantiosas inversiones efectuadas, en algunos casos desde hace más de cuatro años, -lo que se puede catalogar como verdaderos elefantes blancos-, se evidencia que las aguas negras continúan aportando elementos contaminantes a los ríos sin tratamiento alguno.

Obras del Megaproyecto Río Bogotá con problemas

Pero más preocupa a la CGR el desarrollo de los contratos que se ejecutan dentro del Megaproyecto Río Bogotá, pues existen obras que han significado grandes inversiones y que no cumplen con requerimientos técnicos y contractuales, como es el caso de los jarillones y obras de paisajismo.

Para el caso de la PTAR Salitre Fase I, existe incumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental. Se presentan debilidades en la calidad de agua y olores ofensivos, así como mala disposición de los biosólidos (el lodo que emana con químicos).

En cuanto a la PTAR Canoas, la CAR está entregando los recursos (convenio inicial de $20.000 millones) a la Empresa de Acueducto de Bogotá para estudios, sin la debida planeación y el debido soporte de los costos (la obra tiene un costo de $4,6 billones y la CAR aporta $1,5 billones de ese valor).

Buena parte de la problemática encontrada por la Contraloría se debe a deficiencias importantes en la planeación y control contractual que ha conllevado a que los estudios y diseños elaborados para las obras tengan que volver a realizarse y que los contratos, de toda índole, sean prorrogados y adicionados.

Pareciera que se volvió costumbre en la CAR adicionar y prorrogar contratos, contrario a los principios administrativos y de contratación estatal.

Se malgastan los recursos ambientales

A las anteriores anomalías se suma la aplicación de recursos ambientales a actividades que no aportan resultados al quehacer misional de la CAR, en la medida en que no contribuyen al logro de los objetivos de la Corporación por no estar dirigidas a ejecutar actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables.

Hallazgos en otras Corporaciones

*Y si preocupa el cúmulo de problemas encontrados en la CAR Cundinamarca, a juicio de la CGR, es aún más grave y no tiene sustento claro y justificado, el manejo que ha venido dando la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) a los $1,2 billones de pesos, que hace más de dos décadas entregó el Gobierno Nacional para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del Río Cauca y que en forma permanente se encuentran invertidos en el sistema financiero nacional e internacional

Considera la Contraloría que, de esta manera, se pierde la posibilidad de hacer las inversiones en los temas ambientales para los cuales deberían ser destinados y así evitar los efectos nocivos hacia las poblaciones humanas, de animales y de plantas, así como la degradación del ambiente.

Es claro que la CVC perdió su horizonte misional al convertirse más en una corporación financiera que busca la generación de rendimientos económicos, descuidando así su objeto social.

*En la Auditoría adelantada a CORTOLIMA, la CGR encontró que esta Corporación permitió, por su deficiente gestión, la prescripción de cobros coactivos por sanciones impuestas por valor cercano a $1.100 millones y el no cobro de más de $1.300 millones de tasa por uso de agua.

*Con respecto a CORPOCESAR, se encontró que no se adelantó el cobro de la tasa por uso de agua por valor que ascendió a $3.000 millones, por la no expedición de las facturas ni la notificación a los usuarios.

*En cuanto al cobro de la tasa retributiva se presentaron inconsistencias, que en la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) ascendieron a $2.566 millones y en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) suman aproximadamente $520 millones.

¿Qué hacer con las CAR?

Frente a todas estas irregularidades encontradas, la Contraloría considera necesario continuar el debate con respecto a la importancia y alcance de la autonomía de las CAR, frente a las debilidades que de manera reiterada ha señalado en sus informes de auditoría, así como en el estudio “Análisis Estructural del Funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible”.

Las CAR tienen una naturaleza jurídica sui generis, por lo que solo se les aplican determinadas disposiciones administrativas y, aunque la CGR ejerce sus labores de control frente a las mismas, cuentan con alto nivel de discrecionalidad en la toma de sus decisiones.

La Contraloría estima que la autonomía de las Corporaciones puede verse afectada, pues los miembros de sus Consejos Directivos son los Alcaldes y Gobernadores de la jurisdicción, quienes también eligen a los directores generales, pudiendo verse afectada la función sancionatoria que tienen en sus jurisdicciones a quienes realicen actividades que afecten el medio ambiente.

También, la autonomía de las Corporaciones ha permitido que cada una de ellas tenga su propio estatuto presupuestal y no se tiene clara la línea de coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo que interfiere de manera contraria en el buen desarrollo de sus procesos de planeación y ejecución misionales, para que se logren los impactos positivos en el ambiente y los recursos naturales.