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Canadá se convertirá el próximo miércoles en el segundo país del mundo en legalizar la marihuana, pero esta histórica medida de su primer ministro, Justin Trudeau, ha supuesto un dolor de cabeza para las provincias, que tienen la carga de organizar esta nueva industria lucrativa.

A partir del 17 de octubre, los canadienses podrán cultivar, poseer y consumir marihuana para recreación, años después de que esto fuera permitido en Uruguay.
Los productos derivados, como alimentos, cosméticos o cigarrillos electrónicos de marihuana, no serán autorizados hasta 2019, aunque los empresarios ya han comenzado a incursionar en estos nuevos mercados.

Desde la elección de Trudeau a finales de 2015, los mercados financieros han estado nerviosos y miles de millones de dólares han ido a parar a productores canadienses de cannabis.

Las tres compañías más grandes del sector que cotizan en la Bolsa de Toronto ya acumulan más de 30.000 millones de dólares canadienses (unos 23.000 millones de dólares estadounidenses) de valorización.

Se estima que la legalización impulsará la economía canadiense y generará de 816 millones a 1.100 millones de dólares en nuevos ingresos en el cuarto trimestre, sin contar el mercado negro, que se espera que continúe surtiendo una cuarta parte de la marihuana que se fuma en Canadá, según el Instituto Canadiense de Estadísticas.

Esto se traduce, según las previsiones oficiales, en una ganancia de 400 millones en ingresos fiscales para el primer año, que se dividirá entre las provincias (50 por ciento), los municipios (25) y el gobierno federal (25).

En total, el Instituto Canadiense de Estadísticas calcula que 5,4 millones de canadienses comprarán marihuana en tiendas autorizadas en 2018, el 15 por ciento de la población. Unos 4,9 millones de canadienses ya la consumen.

Los preparativos han sido irregulares en las distintas regiones y ciudades, donde la reforma está obligando a las autoridades locales y las empresas a revisar sus reglamentos y protocolos.

Porque si bien el Parlamento federal puso fin a la prohibición de la marihuana vigente desde 1923, lo cierto es que la implementación práctica de esta reforma recae en sus diez provincias y tres territorios. Y muchos ya han anunciado su voluntad de no implementar completamente la ley canadiense.

Por ejemplo, aunque la ley federal permite que cada hogar tenga hasta cuatro plantas, las provincias de Manitoba (centro) y Quebec (este) han advertido que lo prohibirán, por lo que probablemente sea la Corte Suprema la que tenga la última palabra.

Como sucede con el alcohol y el tabaco, corresponde a las provincias decidir la edad de consumo de cannabis: la mayoría decidió que fuera de 19 años, mientras que se optó por los 18 en Alberta y en Quebec, donde el nuevo gobierno, que inicia funciones al día siguiente de la legalización, quiere elevarlo a 21 años.