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El polémico decreto firmado el primero de octubre por el presidente Iván Duque, que permite el decomiso de cualquier cantidad de droga en espacios públicos, enfrentará en el Consejo de Estado un examen de nulidad.

Ese alto tribunal admitió hace unos días una demanda contra la norma, promovida por la representante a la Cámara Katherine Miranda.

De acuerdo con la demandante, el decreto de dosis mínima vulneró cinco artículos constitucionales, además, “significa un retroceso en la concepción Estatal que sobre la dependencia a las sustancias psicoactivas y el derecho a la Salud se ha desarrollado”.

Según la representante, se cambia la posición que se ha tenido, que es la de un discurso que parte del reconocimiento de la drogadicción como una enfermedad psiquiátrica que requiere tratamiento médico en tanto afecta la autodeterminación y autonomía de quien la padece, “dejándola en un estado de debilidad e indefensión que hace necesaria la intervención del Estado en aras de mantener incólumes los derechos fundamentales del afectado.

En cambio, de acuerdo con la demanda, con el decreto el Gobierno Nacional traslada la responsabilidad del abordaje del problema del consumo de drogas en la Policía Nacional, “institución que no se encuentra capacitada para cumplir con los estándares que desde la justicia Constitucional se ha establecido como regla para el tratamiento a las personas que se encuentran en procesos de adicción”.

La demanda de nulidad está en el despacho del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, quien será el encargado de elaborar la ponencia para que el Consejo de Estado decida si debe declarar nulo el decreto de acuerdo con los argumentos de inconstitucionalidad.