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Atendiendo la preocupación de la Procuraduría General de la Nación, en relación con el riesgo de ocupación indebida de playas y bienes de uso público y amenaza al ecosistema en Playa Libre, la Alcaldía de Cartagena solicitó medidas restrictivas ante posible acceso masivo de turistas por la entrega de la obra pública del Pedraplen de Playetas.

El órgano de control envió esta alerta al ministro de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; al alcalde de Cartagena, Pedrito Tomás Pereira, y a los directores de parques Nacionales Naturales, Julia Miranda; de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez; de la Dirección General Marítima (Dimar), Mario Germán Rodríguez; de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), Ángelo Bacci, y al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Luis Humberto Poveda, e hizo un llamado para que no se repita en otros sectores la lamentable situación de daño ambiental que se presenta en Playa Blanca.

En respuesta a la solicitud del órgano de control, el alcalde de Cartagena pidió a Minambiente, Cardique y Dimar expedir de manera urgente los actos administrativos de restricción en Playetas en Playa Libre.

Riesgos para Playa Libre

Para la Procuraduría “este uso incontrolado de Playa Libre, según lo denunciado, está generando ocupación indebida de zonas de baja mar, invasión de bienes baldíos aledaños a la zona de playa, disposición inadecuada de residuos sólidos, realización de necesidades fisiológicas en las playas ante la ausencia de infraestructura de baños y otras situaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental de la zona”.

Playa Libre, localizada en Isla Grande en el área conocida como La Punta, está siendo visitada por más de 400 personas al día, situación que se espera se agrave cuando el Pedraplen de Playetas entre en uso y permita el libre tránsito de vehículos.

El Ministerio Público advirtió que la problemática que vive el sector de Paya Blanca se inició con las mismas situaciones que se están evidenciando en Playa Libre

Acciones inmediatas

En la misiva a las diferentes autoridades, la Procuraduría solicitó que de manera inmediata se establezca una línea base ambiental, que permita identificar los valores objeto de conservación de la zona, entre ellos, arrecifes de coral, pastos marinos, bosques de manglar, lagunas costeras, litorales, fondos sedimentarios, bosque seco tropical, entre otros.

Así mismo, pidió definir la capacidad de carga de la playa y generar medidas de manejo para la disminución de los impactos causados por la dinámica de la playa, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad.

El Ministerio Público también exhortó al Comité Local para la Organización de Playas de Cartagena para que delimite y organice este sector de playa, además de impedir su ocupación en zonas de baja mar y la instalación de construcciones.

Al Distrito de Cartagena, como primera autoridad policiva de la ciudad,  pidió que expida los actos administrativos que se consideren necesarios para garantizar la preservación ambiental de la zona, ante el aumento de visitantes a la playa, y conminó al Distrito de Cartagena, a la Policía Nacional y a la Agencia Nacional de Tierras para que definan las acciones y los recursos necesarios para la construcción de un CAI de la Policía en Barú.