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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena (Bolívar) revocó la decisión de primera instancia contra cinco personas implicadas en posibles irregularidades en la celebración de un contrato entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Fundación Prociencia, y al proferir medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, ordenó sus respectivas capturas.

Tras adelantar la investigación, la Dirección Seccional de Fiscalía de Bolívar presentó en el año 2016 a las cinco personas capturadas ante una juez de control de garantías de Cartagena, quien en primera instancia acogió los argumentos del abogado defensor Inocencio Meléndez, para sustentar que los recursos del Icbf no eran dineros públicos, por lo que negó las medidas de aseguramiento solicitadas por la Fiscalía.

Los hechos se refieren a presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de aporte No. 1333 de diciembre 30 de 2014 por valor de $7.818’524.064 suscrito por el Icbf y la Fundación Prociencia, cuya representante legal es Olga Lucía Pérez Gutiérrez, con el objeto de prestar atención integral a 3.744 beneficiarios entre niños y niñas de cero a cinco años y madres gestantes y lactantes en 10 municipios del departamento de Bolívar, para ejecutarse durante la vigencia de 2015.

Después de las labores desplegadas por el equipo de policía judicial, se pudo develar, a través de peritajes contables e inspecciones a lugar, la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía aproximada de mil quinientos millones seiscientos de pesos ($1.500.000.000), mediante el cobro al Icbf de refrigerios y complementos nutricionales que al parecer no fueron entregados, además de presuntos sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato y falsedades de facturas, entre otras irregularidades.

Igualmente se advirtió que al parecer fueron creadas a nombre de los hijos de la actual tesorera de la fundación, tres empresas proveedoras de fachada que funcionaban en el mismo lugar de la residencia de la señora en mención, para vender con presuntos sobrecostos y mediante la falsificación de facturas refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente fueran cobrados al Icbf.

Las personas imputadas son:

1. Olga Lucía Pérez Gutiérrez: representante legal de la fundación, procesada por peculado por apropiación y concierto para delinquir.

2. Flor Elena Pérez Gutiérrez: tesorera de la fundación,  por peculado por apropiación y concierto para delinquir.

3. Patricia del Carmen Arnedo Pombo: representante legal de la fundación durante el 2015, peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

4. Iván Camilo Mendoza Pérez: hijo de la tesorera de la fundación y proveedor, por peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.

5. María Camila Mendoza Pérez: hija de la tesorera de la fundación y proveedora, por peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.