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El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, aseguró en las últimas horas que luego de la segunda vuelta presidencial dará a conocer graves denuncias sobre irregularidades en Barranquilla durante las elecciones al Congreso del pasado mes de marzo.

“Hemos descubierto una verdadera empresa, una organización criminal dedicada a la compra de votos. El país va a quedar escandalizado cuando conozca la dimensión de la corrupción electoral. Nauseabunda”, afirmó el fiscal Martínez Neira durante el Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizado por la Asobancaria en Cartagena, Bolívar.

El jefe del ente acusador señaló que las irregularidades encontradas por los investigadores solo las dará a conocer después del 17 de junio, para evitar que lo acusen de participación en política.

La alerta en la Fiscalía la generó la investigación por la que ya han sido capturadas ocho personas –entre ellas la representante a la Cámara y electa senadora Aída Merlano–, vinculadas a un caso de corrupción electoral con el que pretendían conseguir dos curules en el Congreso.

Ese proceso, que tiene capítulos judiciales en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, destapó la sofisticación de un fraude que se había planeado, incluso, años antes de las elecciones al Congreso, en una modalidad que se habría usado en pasadas votaciones, como las realizadas en octubre de 2015 para definir concejales y diputados en el Atlántico.

En la investigación aparecen los concejales de Barranquilla Rubén Zamora, Aissar Castro y una diputada del Atlántico.

Los investigadores encontraron que en marzo, la red no solo pretendía elegir para el Senado a Merlano, como evidentemente sucedió, sino que aspiraba a conseguir una curul en la Cámara con su fórmula Lilibeth Llinás Delgado, quien aunque sacó 47.588 votos no resultó electa.

Igualmente se encontró que la organización tenía roles específicos, e incluso tenía acceso a funcionarios de la Registraduría para obtener información privilegiada de los votantes.

La red hasta tenía casas cerca de los puestos de votación en los que hacían simulacros de elecciones para garantizar que quienes iban a recibir los 50.000 pesos por sus votos no se fueran a equivocar.

Se encontró un equipo administrativo, uno de devoluciones (cuando no se lograba que el elector accediera a la venta del voto) y hasta un equipo jurídico que se encargaba de intentar blindar la organización de posibles investigaciones.

La Fiscalía prepara nuevas fases de captura en ese escandaloso caso de corrupción.