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La Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez y la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, lanzaron la nueva política que regirá para los megaproyectos de infraestructura.

A pocos días de que el Gobierno Nacional cumpla sus cien días de gestión, la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez y la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, presentaron las políticas que marcarán el nuevo rumbo de los megaproyectos de cuarta generación, conocidos como 4G, y que encausarán todo lo que se está realizando en el programa de infraestructura y las metas trazadas.

“Hemos concluido que las situaciones que afectan a los proyectos 4G se relacionan con cuestiones de cumplimiento de las competencias de órganos de las ramas del poder público o de su coordinación y con la definición de posturas de las entidades del sector transporte, incluida la ANI, respecto de materias o situaciones que surgen en el desarrollo de los correspondientes contratos”, aseguró la Ministra Orozco.

Este nuevo marco es el resultado de un trabajo concertado, mediante un diálogo constructivo con los actores del sector y en especial de las mesas técnicas desarrolladas en conjunto con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en la que se trataron temas concernientes a los cierres financieros, problemas sociales y ambientales de los proyectos 4G y, en general hacer un diagnóstico integral con el fin de buscar soluciones inmediatas.

La Vicepresidente de la República aseguró que para desembotellar algunos de estos proyectos “se ha creado una Comisión Intersectorial de Infraestructura con carácter decisorio que priorice temas ambientales, prediales, de consulta previa, servicios públicos. Para nosotros esto es una prioridad y desde la Vicepresidencia resulta clave nuestro apoyo para sacar adelante las 4G, por eso también se creará un comité de regularización contractual en la ANI”.

Infraestructura con transparencia

Se creó un mecanismo de transparencia a  través de una plataforma informática llamada GPI (Gestor de Proyectos de Infraestructura) para que los ciudadanos puedan hacer seguimientos, comentarios o advertencias de todas las obras o en la que tengan especial interés. Esta herramienta tecnológica, a la que se accede desde la página https://gpi.mintransporte.gov.co/, permite recolectar, almacenar, procesar y optimizar el flujo de información en cada uno de los departamentos donde se están realizando las obras. “De esta manera cualquier ciudadano podrá supervisar el estado actual de los proyectos, las inversiones realizadas y sus avances”, afirmó la Vicepresidente.

Las veedurías regionales son otra herramienta adicional para que la comunidad pueda hacer vigilancia de las obras. Son 8 veedurías instaladas en Villavicencio, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Medellín, Bogotá y Cali. El Gobierno Nacional propuso las anteriores regiones como lugares de instalación de estas veedurías, pero éstas podrás realizar seguimiento a cualquier proyecto en cualquier parte del territorio.

En este sentido, el gobierno trabaja de manera coordinada y eficiente para garantizar una política de desarrollo equitativa, transparente y competitiva para la construcción de un país moderno.

Diagnóstico de las 4G

El documento presentado contiene una descripción de los proyectos 4G, el cual incluye 30 concesiones viales y cada una de sus etapas: pre-operativa, operativa y mantenimiento y reversión. De igual manera, están consignadas las situaciones particulares que influyen en la ejecución de cada uno, como por ejemplo, el Reconocimiento de Eventos Eximentes de Responsabilidad (EER), en el cual si bien el contrato los prevé, en muchos casos no hay unidad de criterios entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el interventor y el concesionario en cuanto a (i) procedimiento, (ii) elementos de los EER, (iii) términos para notificación, (iv) tratamiento de hallazgos arqueológicos, (v) tratamiento de tiempos relativos a gestión predial, ambiental y de redes, entre otros.

Otro de los Ejes que contempla el extenso análisis de los expertos sobre los proyectos 4G tiene que ver con la gestión predial, el cual comprende entre otros aspectos, (i) la investigación técnica, jurídica, física y socioeconómica del inmueble objeto de adquisición y (ii) las actividades necesarias para iniciar y culminar la adquisición del predio, sea por enajenación voluntaria o por expropiación.

La revisión de las 4G también dejó en evidencia que, por ejemplo, la expropiación judicial está tomando más tiempo de los legales, mientras que por la vía administrativa el mecanismo casi no ha sido utilizado. También se encontró que existen predios sin antecedente registral (tiempos adicionales que se requieren para lograr titularidad a nombre de la nación sumado a falta de capacidad institucional por parte de entidades).

A estos factores también se suman la informalidad de la titularidad de inmuebles (falsas tradiciones, sucesiones ilíquidas, medidas cautelares); invasiones en el derecho de vía; cambios de diseño; desenglobe catastral; inconsistencias en avalúos comerciales corporativos; presencia e interferencia de redes; predios con problemas de titularidad por parte de INVIAS y otras entidades como el Fondo Vial y predios baldíos con ocupación.

Frente al componente ambiental, incluido el tema social, los expertos de la mesa técnica coinciden en que está tardando más del tiempo que los plazos previstos legalmente. Existe ausencia de coordinación institucional, desconocimiento normativo y en otros casos interpretativo.

Temas transversales

Existen otros temas que se han tenido en cuenta como la gestión y traslado de redes: redes no evidenciadas de servicios públicos, de petróleo, del sector de tecnología y comunicaciones; que implican demoras adicionales. Los expertos también tuvieron en cuenta quién deberá asumir los costos de protección o traslado; oposición de comunidades; paro de camioneros, bloqueos, daños a infraestructura, quema de maquinaria, amenazas, asesinatos, extorsiones, entre otros.

Hay que anotar que la nueva política diseñada para dar un nuevo empujón a las 4G tendrá una segunda fase en la que se revisarán caso a caso las modificaciones contractuales que sean requeridas y se presentarán las soluciones transversales que viabilicen proyectos, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

De la misma forma, se propone definir criterios a través de conceptos y decisiones de los órganos correspondientes en torno a los puntos transversales, especialmente lo que tiene que ver con el tratamiento de predios y los plazos legales en los que se aplican cada uno de los procedimientos.