El gobierno cubano prohibió la marcha opositora convocada para el 15 de noviembre asegurando que se trata de una provocación y que su planeación ha contado con estrecho apoyo de agencias de Estados Unidos para cambiar el sistema político de la isla.
“Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”, señaló el gobierno.
Dado que la marcha está citada en varios puntos de la isla, el gobierno estimó que esto constituye una provocación por lo que se decide de forma “constitucional e irrevocable” prohibir esta marcha dado que es una amenaza a la política nacional.
Pese a esa decisión, la convocatoria de la oposición se mantiene en pie argumentando que el artículo 56 de la Constitución aprobada en 2019 ampara el derecho a manifestarse con fines lícitos y pacíficos.
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