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La Fiscalía General de la Nación, apoyada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, ocupó, con fines de extinción de dominio, ocho bienes del senador Armando Benedetti en varias zonas del país.

“Se impusieron medidas cautelares sobre ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), cuya titularidad estaría a nombre de Armando Alberto Benedetti Villaneda, Ruby Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro”, aseguró el ente acusador en un comunicado.

De la misma manera, agrega que “los predios afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro están avaluadas en más de $8.000 millones, lo que evidenciaría un posible incremento patrimonial injustificado”, dice la Fiscalía.

Asimismo, se conoció que también fueron ocupados tres lotes ubicados en Puerto Colombia (Atlántico), los cuáles, según la Fiscalía, fueron adquiridos por la cónyuge del senador, “respecto de quien se identificaron incrementos patrimoniales injustificados en la misma época de adquisición de tales bienes; así como otros inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá y Villavicencio (Meta), en cabeza de la señora Ruby Corredor Ruiz y su hija”.

Frente a estos hechos, el senador Benedetti aseguró que esta diligencia de embargo de su apartamento hace parte de un nuevo capítulo dentro de la “persecución judicial que se adentra en su contra”.

“La Fiscalía acaba de tomar una decisión sospechosa, desmedida e ilegal de extinción de dominio contra el apartamento de Altos del Retiro por hechos acaecidos mucho antes de ser propietario”, dijo el congresista en su cuenta de Twitter.

El ente reveló que se trata de una investigación adelantada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la cual indaga la procedencia de varios bienes inmuebles del senador barranquillero, de los cuales se duda por una aparente procedencia lícita y que no ha podido justificar. Información suministrada por la Dian permitió establecer que el congresista presenta patrimonios por justificar para los períodos 2009, 2014, 2016 y 2017.

Sin embargo, el senador reiteró que “para aclarar: la extinción de dominio no es contra mí, es contra la anterior propietaria de quien se aduce no ha podido acreditar hasta ahora el origen de los recursos para adquirir el apartamento. Anuncio que me declararé como víctima en este proceso”, manifestó.

En medio de la situación jurídica actual, cabe recordar que a Ruby Corredor Díaz, la Fiscalía le imputó los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. No pudo justificar el origen de $1.600 millones para la compra de un apartamento que adquirió mediante subasta. Meses después lo vendió al senador Benedetti.