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Es un hecho. El Gobierno no la tendrá fácil para afrontar este nuevo periodo legislativo que comienza el próximo 20 de julio.

Las holgadas mayorías que tuvo en la legislatura que terminó parecen disminuir cada vez más.

Y esto se convierte en un verdadero dilema, pues el Ejecutivo todavía tiene varios proyectos relacionados con la implementación del acuerdo de paz que no ha tramitado.

A eso hay que sumar la reciente decisión de la Corte Constitucional que limitó el uso del ‘fast track’ (vía rápida) para tramitar las iniciativas de paz.

Lo que se había establecido era que los proyectos de la implementación tramitados por esa vía no los podrían modificar los congresistas, a menos que tuvieran aval del Gobierno. Pero esto lo tumbó la Corte.

Ahora, cuando vendrá el nuevo periodo de sesiones, el asunto parece complicarse. Prueba de ello es que al final del pasado periodo de sesiones no se logró aprobar, en segundo de cuatro debates, la reforma que crea las 16 circunscripciones especiales de paz, acordadas en La Habana.

El tema se enredó, pues algunos congresistas que parecían amigos del Gobierno empezaron a ponerle talanqueras al trámite.

Y el asunto no necesariamente parece que mejorará a partir de este 20 de julio. Por un lado el Partido Conservador, según los acuerdos políticos, asumirá la presidencia del Senado. En esa colectividad hay congresistas que no están muy convencidos del proceso de paz, lo que los llevaría a no apoyar las iniciativas que presente el Gobierno o a proponer modificaciones.

Mientras tanto, la presidencia de la Cámara será para Cambio Radical, que tampoco es entusiasta con el acuerdo de paz.

A esto hay que sumar que la mayoría de los congresistas comienzan ya su campaña reeleccionista, lo que indica que el ausentismo será evidente.

Con el Ejecutivo urgido de tener unas mayorías, la tarea no se ve sencilla.