Primero Noticias

El pasado 17 de diciembre fue capturado en El Carmen de Bolívar el ex aspirante a la Asamblea por ese departamento, Wilder Lagares Gulloso.

El operativo se realizó tras varios meses de investigación en su contra por unas supuestas anomalías detectadas por la Superintendencia de Salud en la ESE del municipio Magangué cuando Lagares Gulloso fue director de este centro asistencial.

La Sijin de la Policía también dio captura a varios funcionarios cercanos en tiempos de Lagares en la ESE local.

Primero Noticias conoció que el capturado podría recuperar su libertad en las próximas, tras llegar a un acuerdo con el juez que lleva el caso, lo que tiene indignados a los habitantes del municipio de Magangué, quienes manifiestan que están dispuestos a realizar jornadas de protesta para exigir que se haga justicia y Wilder Lagares Gulloso permanezca detenido.

El proceso

Como se recordará el 2 de octubre de 2017, mediante resolución número 004937, la Superintendencia Nacional de Salud designó como agente especial interventora de la ESE Río Grande de la Magdalena de Magangué, Bolívar, a Yadira Mayerly Blanco Hernández, para que tomara posesión de manera inmediata de los bienes, haberes y negocios de la entidad pública, la cual se materializó al día siguiente.

La decisión de la Superintendencia Nacional de Salud se dio por presuntas irregularidades presentadas en el hospital del municipio que presta los servicios de primer nivel de atención, durante la gerencia del médico Wilder Lagares Gulloso, quien estuvo al frente de la entidad pública desde el 2 de abril de 2012 hasta el 3 de octubre de 2017, día en que fue separado del cargo. También suspendieron a la Junta Directiva presidida por el alcalde de Magangué, Pedro Manuel Alí Alí.

La intervención realizada por la agente especial de la Supersalud arrojó como resultados presuntas irregularidades en los manejos de los recursos de la ESE Rio Grande de la Magdalena de Magangué, por valor de $4.509.321.942, las cuales fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría General de la República por parte de la funcionaria destacada para las labores de interventoría de la Supersalud.

Corrupción

Entre las presuntas anomalías halladas por la agente especial interventora figura una transacción por valor de $350 millones de pesos.

Tras solicitar al banco BBVA información a la entidad bancaria sobre el cheque, esta informó que el mismo fue expedido el 21 de septiembre de 2017 al beneficiario Medical Premium S.A.S., y la persona autorizada para reclamarlo fue Cristian Raumir Meneses Urzola.

La elaboración del cheque de gerencia fue ordenada por el entonces gerente de la ESE Rio Grande de la Magdalena de Magangué, Wilder Lagares Gulloso, a favor de Medical Premium S.A.S. para pago de proveedores.

Al revisar el contrato entre la entidad pública y Medical Premium S.A.S, la interventora encontró entre otras presuntas irregularidades que el mismo no contaba con póliza de cumplimiento así como tampoco con el acta de aprobación de la póliza; la existencia de dos pagos a favor de Medical Premium S.A.S., uno por $280 millones y otro por $80 millones, quedando así cubierto el pago de lo pactado dentro del contrato.

Siendo así se pudo constatar que no existe luego de la ejecución de este contrato, otro contrato entre la ESE Rio Grande de la Magdalena y la empresa Medical Premium S.A.S. (sic).

Se pudo constatar igualmente que sí existió una disponibilidad presupuestal para el contrato celebrado entre la ESE y Medical Premium S.A.S., el 10 de enero de 2017, con certificado de disponibilidad presupuestal del 3 de enero por valor de $410 millones, y que existen tres pagos realizados a Medical Premium S.A.S., uno por $298.150.286, otro por $80.000.000 y uno más por valor de $250.000.000.

Se evidenció por parte de la interventora que con los dos primeros pagos se cubrió el pago del contrato, mientras que el pago por $250 millones no contaba con respaldo presupuestal y contractual.

Otras irregularidades 

Otra presunta irregularidad, según la interventora de la ESE, se presentó por concepto de retención en la fuente de la entidad, correspondiente a los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

En informe de auditoría del asesor financiero de la entidad pública se relaciona que esta expedía semestralmente comprobantes de egresos por una suma de dinero determinada, cuyo fin era el pago de retenciones en la fuente durante la vigencia del correspondiente semestre.

Evidenció la auditoría que varios formatos utilizados para las declaraciones de retefuente, en el número prefijo no coincidían con el normalmente utilizado, lo que hace presumir que son formatos no generados del aplicativo de plataforma Dian 490 (sic).

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, informó igualmente que la ESE Rio Grande de la Magdalena no realizó pagos por conceptos de retención en la fuente durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y que solo se hizo un pago por $732.000 correspondiente al 13 de diciembre de 2017.

Más hallazgos

El 22 de agosto de 2016 la ESE Rio Grande de la Magdalena celebró un contrato para el mantenimiento de la infraestructura del centro de salud de Barbosa y otro contrato de interventoría de la misma obra.

Entre las presuntas irregularidades la interventora halló que pese a que la contratación estaba precedida de los correspondientes estudios previos, no se especifica cómo se determinó la necesidad que se pretendía satisfacer, las especificaciones del objeto a contratar, las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, tampoco se anexaron cotizaciones, estudio de mercadeo, entre otras presuntas irregularidades.

Otra supuesta anomalía hallada tiene que ver con una orden de servicio cuyo objeto era el arrendamiento de una camioneta de tracción 4×4 marca Toyota Hilux para el desplazamiento del personal administrativo y asistencial de la ESE, por valor de $30 millones. Sin embargo, documentos que eran del resorte del contratista como las cuentas de cobro no fueron firmados, pero sí se evidenció los pagos realizados, como tampoco apareció firmada la orden de servicio ni por el contratista ni por la ESE.

De igual manera, luego de revisar, analizar y recomendar la depuración de valores contables de la ESE Rio Grande de la Magdalena, el equipo de activos fijos encontró “bienes muebles en situación de abandono, a la intemperie, arrumados en un cuarto lleno de insectos y roedores, junto con basura y medicamentos”, tales como camillas, lámparas de consultorio y sillas odontológicas.

También fueron hallados documentos contractuales entre la ESE Rio Grande de la Magdalena y personas naturales cuyo objeto era prestar sus servicios personales como vacunadoras para la ejecución de actividades en el área de atención a usuarios.

Algunos de los documentos no presentaban firmas por ninguna de las dos partes, tampoco tenían certificado de disponibilidad ni los estudios de conveniencia, entre otras presuntas irregularidades, según la interventoría realizada.

De igual manera se encontró que en el inventario hecho al área de almacén realizado el 14 de octubre de 2017 había un faltante en mercancía por $13.243.790, así como una mercancía sin ingreso por $8.067.410, además que toda la mercancía que se encontraba en el almacén estaba sin factura, solo con remisiones.

Un informe del 3 de noviembre de 2017 da cuenta igualmente de cuatro folios en los que se detallan pagos efectuados sin el respaldo presupuestal de la vigencia 2017, con corte a septiembre de la misma anualidad, en los que se evidencia los pagos hechos por la ESE Río Grande de la Magdalena, sin los debidos documentos contables, y sin la existencia de contratos con sus soportes.

Igualmente la interventoría halló presuntas anomalías en el contrato de prestación de servicios por valor de $700 millones, firmado en enero de 2017 entre la ESE Rio Grande de la Magdalena y la Fundación para el Desarrollo Social de Bolívar, Fundesbol, cuyo objeto era el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos, equipos industriales de uso hospitalario, sistemas de refrigeración, eléctricos, hidráulicos, así como de redes de infraestructura y bienes muebles de la ESE.

El 26 de enero el equipo visitador de la Supersalud presentó un informe de visita en el que evidenció deterioro de la infraestructura física, del equipo biomédico, planta eléctrica del centro de salud de Yatí “adicionalmente los equipos de cómputo de la sede administrativa contienen virus, poniendo en peligro la información que allí reposa, evidenciando carencia de mantenimiento preventivo y correctivo”, al igual que daños en las paredes por humedad, pintura y acabados en general en puertas y ventanas, entre otras anomalías halladas.

La denuncia 

Esta fue la denuncia que presentaron en contra de Wilder Lagares Gulloso: