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Enfrentamientos entre presos dejaron al menos 55 muertos en cuatro cárceles del estado brasileño de Amazonas (norte) en los últimos dos días, una tragedia condenada a repetirse si Brasil no enfrenta los problemas estructurales de su sistema penitenciario, según expertos.

Las autoridades informaron que 40 reclusos fueron hallados muertos, en su mayoría “con indicios de muerte por asfixia”, en cuatro prisiones de Amazonas este lunes, un día después de que una pelea en uno de esos centros dejó otros 15 fallecidos.

La Secretaría de Administración Penitenciaria de Amazonas (SEAP) informó en un comunicado que las muertes “estarían motivadas por una ruptura entre presos que integraban un mismo grupo criminal y que actúa en el tráfico de drogas en el Estado”.

También aseguró que la intervención de los agentes evitó la muerte de al menos otros 200 reclusos “jurados de muerte”.

Los presos no utilizaron cuchillos o armas de fuego, añadió la SEAP, que en un principio había informado de 42 muertes este lunes. Tres de las prisiones, donde ocurrieron la mayoría de las muertes, son edificios cercanos, ubicados a unos 28 kilómetros de Manaos, capital de Amazonas.

El Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj), donde 15 reclusos murieron el domingo y otros cuatro este lunes, fue escenario en 2017 de una rebelión que se extendió por casi 20 horas y dejó 56 muertos, en una de las mayores masacres del sistema penitenciario de Brasil.

El balance letal del lunes se completa con 25 muertos en el Instituto Penal Antonio Trinidade (IPAT), 6 en la Unidad de Prisiones de Puraquequara (UPP) y 5 en el Centro de Detención Provisoria Masculino (CDPM 1). “El hecho de que las muertes fueron coordinadas en cuatro presidios diferentes sugiere que se trató de un ajuste de cuentas”, estimó Robert Muggah, director del instituto de investigación Igarape, de Rio de Janeiro.

El gobierno federal anunció el envío de agentes para reforzar la seguridad en las prisiones de Amazonas, donde las visitas fueron suspendidas durante 30 días. Las muertes en el Compaj, el domingo, se produjeron durante el horario de visitas.

Problemas estructurales

Superpoblación, condiciones infrahumanas y facciones que controlan los presidios: Brasil enfrenta desde hace décadas problemas estructurales en su sistema carcelario, cuya población no ha parado de crecer.

Brasil mantiene tras las rejas a más de 720.000 personas, el tercer país con más presos del mundo, después de Estados Unidos y China.

No solo es el doble de plazas que tiene disponible, sino que un alto porcentaje (40%) son presos provisorios, que todavía esperan por un juicio. “Las prisiones siguen siendo lugares de graves violaciones a los derechos humanos.

Las condiciones son pésimas y la mayoría de presos son pobres, negros, poco escolarizados y de los barrios periféricos”, encarcelados por delitos vinculados al tráfico o contra la propiedad, dijo Juliana Melo, profesora en la Universidad Federal de Rio Grande do Norte y especialista en el sistema carcelario brasileño.

Y la “disputa intensa” que existe entre grupos narcotraficantes rivales, que muchas veces son colocados en los mismos presidios, estimula aún más la violencia, explica Melo. Por eso este tipo de tragedias se repite. En los primeros quince días de 2017, más de 130 reclusos murieron en masacres en los estados de Roraima, Rio Grande do Norte y Amazonas.

“Responsabilidad del Estado”

“Las muertes en el sistema penitenciario brasileño son vergonzosamente recurrentes, porque quienes mueren son personas que pertenecen a las clases más pobres, que no conocen sus derechos”, sostiene la socióloga Julita Lemgruber, investigadora en la Universidad Cándido Mendes de Rio de Janeiro y exdirectora del sistema penitenciario de Rio de Janeiro.

Brasil precisa combatir la superpoblación y mejorar las condiciones de reclusión, apunta Lemgruber, pero mientras tanto es necesario adoptar una estrategia “a corto plazo” que pasa por “responsabilizar al gobierno federal y de los estados, porque la vida de quien está ahí dentro, es responsabilidad del estado”. “Si el Estado tuviera que pagar indemnizaciones millonarias a esas familias, eso no existiría más en
Brasil. Ese fenómeno se repite porque no se responsabiliza al Estado por esas muertes”, zanja.