El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) condenó al medio digital ‘La Patilla’ a pagar más de 5 millones de dólares al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, por causarle supuestos “daños morales” al reproducir un reportaje que lo vinculaba con el narcotráfico, informó este martes el portal periodístico.
De acuerdo con el medio digital, que divulga una sentencia de la sala de casación civil que el TSJ aún no hace pública, el Supremo ordenó que se pague a Cabello 30.000.000.000 de bolívares, que a la tasa de cambio oficial equivalen a unos 5’081.472 dólares.
“Diosdado (Cabello), tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes”, dijo al respecto el fundador de ‘La Patilla’, Alberto Federico Ravell, quien también actúa como presidente del Centro Nacional de Comunicaciones del Gobierno interino que proclamó en enero pasado el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó.
En abril de 2015, Cabello anunció la presentación de esta demanda contra accionistas, directores, consejo editorial y dueños de ‘La Patilla’ y de los diarios locales ‘Tal Cual’ y ‘El Nacional’, luego de que estos medios reprodujeran en enero de ese año un texto del diario español ‘ABC’ donde se informó que Cabello estaba siendo investigado por la justicia estadounidense por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Cabello, líder de la Asamblea Nacional Constituyente -un órgano que no reconocen numerosos gobiernos del mundo- y primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), no se pronunció de inmediato sobre la decisión.
El Supremo ordenó el pago de la indemnización al declarar “sin lugar el recurso extraordinario de casación” de La Patilla contra la demanda que interpuso Cabello contra el medio.
La noticia produjo una ola de solidaridad con el medio venezolano, uno de los pocos que sigue activos, expresada en las redes sociales por usuarios, periodistas y políticos de la oposición. Además, el periódico aseguró que la condena “censura los medios de comunicación de Venezuela”, al tiempo que la consideró “terrorismo judicial”.
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