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El Tribunal Superior de Bogotá expulsó de la ley de Justicia y Paz al exparamilitar Armando Alberto Pérez Betancour, conocido como el ‘Monstruo del Catatumbo’ y vinculado a más de dos mil hechos criminales entre homicidos, desplazamientos forzados y desapariciones.

Entre los crímenes que, según la Fiscalía y la Policía, perpetró el capturado están las masacres de Tibú y La Gabarra (Norte de Santander), ocurridas entre 1999 y el 2000. Por estos hechos tiene cuatro condenas, que suman 120 años de cárcel.

Pérez Betancour, fue uno de los jefes del Bloque Catatumbo de las Autodefensas y aunque se desmovilizó en 2004 no cumplió con sus compromisos y hay reportes de que estuvo escondido en Venezuela y luego en Panamá, donde fue capturado una década después. Se escondía bajó la identidad de José Ignacio Álvarez Diaz.

El capitán retirado del Ejército era cercano a Fidel y Carlos Castaño Gil, los máximos jefes de las Autodefensas, quienes según el expediente lo motivaron para entrar al Ejército y le ofrecieron apoyo. Su superior inmediato en las Autodefensas era el extraditado exjefe paramillitar Salvatore Mancuso.

Alcanzó a dar versiones en la justicia transicional en las que confesó su participación en más de 2.500 hechos y entregó información contra militares, policías y políticos que habrían tenido nexos con las AUC. No entregó bienes.

Tras su desmovilización, se lee en la sentencia, siguió delinquiendo vinculado al narcotráfico con ‘Los Mellizos’ y en Panamá, en donde llevaba una vida de lujos, tenía un proceso por narcotráfico.

El expara señaló en su defensa que si cumplió sus compromisos, que confesó sus delitos y entregó bienes para la reparación de las víctimas.

La Sala de decisión concluyó que con su actitud omisiva el postulado defraudó a las víctimas “que confiaron en su compromiso de reconciliación nacional”. Y añadió que la intención del exparamilitar al esconderse en otro país, con otra identidad, era desaparecer para siempre.

Añade el Tribunal que tras su captura, y por el riesgo de perder los beneficios, se acordó de los compromisos que había adquirido en la desmovilización y que “deshonró durante 10 años”.

En su decisión el Tribunal pidió a la Fiscalía investigar los hechos que rodearon la vida y muerte de José Ignacio Álvarez Diaz, que era la persona cuya identidad usaba el exparamilitar. Además pidió que se inicien procesos de extinción de dominio sobre sus bienes.

El exparamilitar buscó un cupo en la Jurisdicción Especial pala la Paz (JEP) para conseguir sus beneficios y ese tribunal rechazó esa solicitud en mayo del año pasado.