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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se puso este martes “a la orden” del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de la coalición Gran Polo Patriótico (GPP) como candidato a las presidenciales que tendrán lugar en el país antes de mayo.

“Si el PSUV, si las fuerzas del GPP (…) si la clase obrera, la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria (…) yo estoy a la orden de la candidatura presidencial”, aseguró Maduro a los medios durante un evento en el centro de Caracas.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), compuesta solo por oficialistas, aprobó este martes mediante un decreto que las presidenciales previstas para este año se celebren en el primer cuatrimestre de 2018.

De ser escogido por su partido, Maduro optaría a la reelección por seis años más tras ser elegido el 14 de abril de 2013, un mes después de la muerte de Hugo Chávez, que llamó a Maduro su sucesor y pidió al chavismo respaldarlo en las urnas.

El también presidente del PSUV felicitó a la ANC por aprobar unas elecciones “en función de fortalecer el espíritu democrático, la paz del país”.

“Convocar las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre es un paso correcto y acertado de la ANC”, añadió.

El jefe del Ejecutivo venezolano pidió a la oposición que frente a estos comicios “no salgan corriendo” ni, agregó, “de la democracia”.

“Los esperamos (…), si quieren seguir haciendo patria o quieren dar un paso atrás”, sostuvo.

Unas elecciones presidenciales bajo la supervisión de un Consejo Nacional Electoral (CNE) “equilibrado” es una de las peticiones de la oposición en los diálogos que sostienen con los oficialistas en República Dominicana.

Cuatro de las cinco autoridades del CNE son cercanas al chavismo y bajo esta Administración el ente ha sido acusado de múltiples irregularidades, incluso de haber inflado el dato de participación en los comicios del 30 de julio pasado, cuando se eligieron a los miembros de la ANC.

Por ello, la oposición desconfía de esta institución y ha pedido en el diálogo la renovación de las autoridades, observación internacional calificada y otros aspectos para garantizar unas elecciones “limpias y competitivas”.