El 14 de enero, en Barquisimeto, estado de Lara, noroccidente de Venezuela, más de dos millones de fieles católicos le cumplieron cita a la Divina Pastora en la fiesta mariana más importante del país. Las palabras de los obispos Antonio López Castillo y Víctor Hugo Basabe, quienes presidieron la eucaristía, llegaron a oídos de Nicolás Maduro.
“No son ustedes, muchachos, los que tienen que irse. Si alguien tiene que irse de Venezuela es el responsable de este desastre al que nos han conducido” o “líbranos del hambre, de la corrupción, protege a quienes penan por falta de medicinas”, fueron las palabras, expresadas y aplaudidas durante la homilía, que hicieron eco hasta el Palacio de Miraflores.
La predicación religiosa fue algo más para Maduro. En medio de una alocución le pidió al contralor, defensor del pueblo y Tribunal Supremo de Justicia investigar a quienes oficiaron la eucaristía en Berquisimeto. “Habría que ver, poder ciudadano, contralor, defensor del pueblo; habría que ver presidente del Tribunal Supremo de Justicia, si las palabras emitidas por alguno de estos personajes corresponden a verdaderos delitos de odio”.
En Venezuela, desde noviembre de 2017, entró en vigencia la ley contra el odio que pretende “prevenir y erradicar toda forma de violencia”, y determinar quienes promueven el odio dentro del país. Bajo esta justificación jurídica, Maduro ordenó investigar a los obispos Antonio López Castillo y Víctor Hugo Basabe para diagnosticar si efectivamente ellos infrigieron dicha norma.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió una carta en apoyó a sus prelados en las que está encabezada con un versículo de Juan que dice “la verdad les hará libres”. Dentro de la misiva se pidió que a los gobernantes, sin especificar quién, se les aplique las normas que ellos mismos crean para los ciudadanos.
Hubo rumores en redes sociales que López Castillo y Basabe fueron capturados, pero esa información fue desmentida. “No están detenidos. El Presidente pidió una averiguación sobre si habían quebrantado o no la famosa ley del odio. No han iniciado la averiguación”, le dijo una fuente a la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa).
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